Boletín
Chilpancingo, Gro., La Mesa Directiva dio lectura a un oficio signado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, mediante el cual remite la iniciativa preferente de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero, que busca endurecer las penas contra delitos sexuales y la privación ilegal de la libertad de niñas, niños y adolescentes.


La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado, para garantizar el acceso de la población al derecho de la salud mental con un enfoque psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género.


La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) propuso adicionar la Constitución Política del Estado para garantizar la inimpugnabilidad de las reformas aprobadas por el Congreso local, fortaleciendo la soberanía legislativa, la certeza jurídica y la estabilidad del orden constitucional en el estado, en homologación con la reforma Federal en la materia.


La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar que los municipios indígenas y afromexicanos ejerzan plenamente su autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y para fortalecer su capacidad de autogestión, permitiéndoles celebrar convenios, administrar recursos y preservar sus sistemas normativos en cumplimiento de la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana publicada en 2024.


Para abatir el rezago legislativo impulsando la dictaminación de las propuestas a través del cabildeo y crear la figura de la excitativa, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) propuso reformar al artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.


El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con penas de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales y tecnologías de la información; se establece aumentar las penas cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.


El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado para sancionar con cuatro y hasta siete años de prisión el uso indebido de la inteligencia artificial para alterar videos, audios, rostros o escenarios con la intención de hacerlos pasar como reales y afectar la reputación e integridad de las personas; se busca proteger a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes, de delitos como el grooming y la suplantación de identidad. El Grupo Parlamentario de Morena pidió adherirse a la misma.

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