Diputada propone reformar el Código Penal del estado

Por: Fernando Polanco Ochoa

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, propuso una iniciativa de reforma y adición al artículo 177 BIS del Código Penal de Guerrero, con la cual se tipificaría el matrimonio infantil forzado como “delito grave”. Las sanciones serán aplicables en contra de quienes “faciliten, consuman o lleven a cabo este tipo de uniones y para quienes promuevan estos actos”, explicó desde la tribuna del Congreso durante la sesión de este martes.

El objetivo, precisó, es que el citado ordenamiento “sea un escudo de protección para nuestras niñas, garantizando su derecho a una vida libre de violencia y abuso”, así como una “declaración de principios, de derechos y de bienestar para nuestros infantes”. “Guerrero es uno de los estados con mayor prevalencia de matrimonio infantil en México.

Es una forma de violencia que afecta de manera desproporcionada a las niñas, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad, la falta de acceso a la educación, complicaciones de salud por embarazos prematuros y altos índices de violencia doméstica, son algunos de las consecuencias devastadoras de esta práctica”, señaló. Al respecto expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque desde el comienzo de su administración ha priorizado una agenda “que pone a la infancia en el centro de las políticas públicas”.

Las cuales también “ponen fin a prácticas que vulneran a la niñez, como el matrimonio infantil forzado”. Ocampo Manzanares insistió en que esa reforma es una afirmación de que no toleraremos más que a las niñas se les arrebate su infancia.

Dijo que estos casos de matrimonios forzados “son historias de vidas rotas de niñas que, en lugar de aprender, jugar, reír y soñar, han sido obligadas a asumir responsabilidades para las cuales no están preparadas. Estas niñas no son esposas, no son madres, no son mercancías, son niñas y merecen un presente y un futuro libre de violencia y explotación”, añadió.

Aclaró que su propuesta no constituye un “ataque contra las costumbres”, ni es una “imposición” en contra de las comunidades, sino un “llamado a la conciencia y un grito de dignidad”. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso