Por: Isidro Bautista Soriano

Y ¿así quedará el caso del pipazo ocurrido en Acapulco? ¿no hay responsables, como no los hay hasta el momento con el colapso de la mina de Coahuila?

¿Alguna autoridad podría ponerse en los zapatos de los padres, esposas o hijos de los diez obreros atrapados en la profundidad del pozo, sin saber si todavía seguirán con vida?

Van casi quince días de ocurrida la tragedia, y a nadie se le ha fincando responsabilidad penal, sino que, por el contrario, las autoridades se han pasado más echándose la pelota: que no debieron haber otorgado la concesión para explotarla o que por qué no hicieron una inspección oportuna para verificar las condiciones físicas de su trabajo.

Si en negocio pequeño, vamos como un tendajón, rápido puede ubicarse al dueño por la licencia de funcionamiento que todo ayuntamiento debe extender para su apertura, con mayor razón en una compañía minera por el volumen de su producción.

¿Por qué no se ha puesto a nadie a disposición del Ministerio Público? ¿no se supone que debe haber agentes de Tránsito municipal con la mira puesta en el aforo vehicular de la Escénica, donde ocurrió el accidente? ¿no tiene el ayuntamiento de Abelina López Rodríguez asignados a agentes viales en esa área, si es una de las cinco más importantes del puerto?

Y si no los hay, ¿no podría responsabilizarse al comandante o titular de Tránsito, o al síndico procurador, por no proveer posibles casos como el suscitado?

¿No vale nada la vida de una persona, o la de las tres que la perdieron por la casi segura omisión de la autoridad del caso?

¿No habrá una ley mediante la cual la autoridad, como es la oficina de Transportes y Vialidad que corresponda, deba someter a revisión a ese tipo de vehículos?

A los taxis y demás medios del servicio de transporte público, hasta donde se sabe, la autoridad competente los cita en determinados lugares y días para inspeccionar sus condiciones mecánicas, de confort y legales, entre las que se encuentra el hecho de contar con el seguro vigente.

Este percance dejó momentáneamente sin los servicios de agua potable y electrificación a los vecinos de la zona por el encontronazo suscitado, de tal modo que les afecta en sus actividades económicas, y ¿a quién pueden responsabilizar? ¿quién les reembolsará el dinero perdido? ¿quién pagará los daños que presentan las instalaciones incluso de Capama?

De inmediato, ante las flamas observadas a kilómetros del percance, desde el gobierno municipal comenzaron a echar culpas al gobierno estatal, y éste a su vez posteriormente deslindándose, como ocurrió desde el principio en Coahuila.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero dio cuenta que de acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Acapulco, “la Dirección de la Policía Vial determinará los itinerarios que deberán seguir los vehículos de carga y de pasajeros que tengan la necesidad de pasar por la ciudad”.

Esto se dio ante el señalamiento de la secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco, Graciela Lee González, hecho en el sentido de que el que regula la circulación de unidades pesadas en esa arteria vial es el gobierno estatal.

Y así como en Coahuila, en el puerto de Acapulco sólo se ha tapado el ojo al macho: después del niño ahogado asignaron a un mayor número de agentes de tránsito, el cual permanecerá hasta que seguramente se bajen los ánimos. Por lo de la mina, ya dejó de fluir la información de los trabajos de rescate.

Y así ha habido infinidad de tragedias, que han quedado y siguen en la impunidad. Tal fue el caso de la guardería ABC, registrado en 2009 en Sonora, en el que fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

Y como dijo la ahora famosa alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero: cobren las facturas a quienes las tengan que pagar, porque no sea que quieran endosarlas a alguien que después ande tras el voto para otro puesto de elección popular.