Por: Boletín

Chilpancingo, Gro., Abril 23.- La diputada Deyanira Uribe Cuevas presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del Estado de Guerrero, para que se tipifique el delito de acecho y se castigue con penas de seis meses a dos años de prisión, al tratarse de una conducta autónoma, reiterada y no deseada, que atenta contra la libertad, seguridad e intimidad de las mujeres.

En la sesión de este martes, la diputada integrante de Movimiento Ciudadano al presentar el tema en tribuna dijo que el objetivo es prevenir su posible escalamiento a delitos más graves como el feminicidio y garantizar una protección más efectiva a las víctimas de violencia, y que como representantes populares es su obligación dotar a la ciudadanía de instrumentos legales que respondan a las realidades actuales de la violencia que adolece la entidad.

Además, la propuesta contempla modalidades agravantes cuando este delito se comete contra personas especialmente vulnerables, como mujeres embarazadas, personas menores de edad o cuando se hace uso de tecnología para perpetuar el acechamiento.

Agregó que las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia responden a que en la actualidad el acecho no se encuentra tipificado, por lo que se debe legislar al respecto, y con ello lograr que este tipo de violencia sea visibilizada al ser una de las formas más peligrosas y perturbadoras que enfrentan las mujeres, y en muchas ocasiones escalan hasta convertirse en formas severas de violencia, que incluso, pueden culminar en feminicidio, por lo que la  tipificación de este delito no solo es un acto de justicia, sino de prevención.

La diputada Deyanira Uribe detalló que sociológicamente en nuestra sociedad el acecho es una conducta que se manifiesta mediante la vigilancia, seguimiento, comunicación persistente e invasiva y otras acciones no deseadas dirigidas a una persona específica, que terminan por quebrantar su estabilidad emocional, psicológica y hasta su integridad física.

Por último, refirió que esta propuesta de legislación armoniza el marco legal con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que nos exigen adoptar medidas de prevención, protección y sanción frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.