Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Sept. 10.- La Constitución de Guerrero no obliga a los titulares de la Fiscalía General y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a rendir un informe anual de actividades al Congreso local.
Por esa razón, el diputado Alejandro Bravo Abarca, del PRI, presentó una iniciativa para reformar los artículos 107 y 108 de la Constitución para obligar a que los titulares de esos dos órganos autónomos designados por el Poder Legislativo, rindan su informe.
La iniciativa fortalece también la disposición ya establecida de convocar a comparecer a los titulares de esos dos órganos cuando la naturaleza de los hechos así lo justifique, y con motivo de la glosa del informe del Poder Ejecutivo.
Los principios de rendición de cuentas y transparencia, dijo durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo de este martes, debe ser obligatorio para darle cauce a las inquietudes de la ciudadanía sobre asuntos de interés público, como el combate a la impunidad, a la corrupción y seguimiento a casos de alto impacto social.
Además, la protección a víctimas, la aplicación de medidas cautelares, eficacia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros aspectos relevantes que atienden ambos organismos.
“El informe anual sería una herramienta clave para visibilizar los logros alcanzados, pero también para señalar las áreas que requieren fortalecimiento, propiciando con ello la construcción de una política criminal y de defensa de los derechos humanos más eficaz”, expresó.
Con esa iniciativa, justificó Bravo, busca que la Fiscalía sea abierta, responsable y comprometida con el pueblo guerrerense, “en un contexto en el que la rendición de cuentas ya no puede ser postergada, sino exigida como una condición básica del buen gobierno”.
Aclaró también que su propuesta no pretende debilitar la autonomía de los órganos autónomos, sino fortalecer su legitimidad pública mediante una relación institucional sana y constructiva con el Poder Legislativo.
La iniciativa propone que las comparecencias de los titulares de la FGE y de la CDHEG deberán efectuarse durante la primera semana del segundo periodo ordinario de sesiones; es decir, en marzo.
De esa manera los diputados podrán formular observaciones, emitir recomendaciones y, en su caso, generar propuestas de mejora al funcionamiento del sistema de procuración de justicia y a la defensa de los derechos humanos.
La Mesa Directiva remitió la iniciativa de Alejandro Bravo a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.