Por: Boletín
Chilpancingo, Guerrero, Junio 22.- La diputada Jessica Ivette Alejo Rayo propuso una iniciativa de Ley de Fomento, Protección y Conservación del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario y Cultural del Estado de Guerrero, para que todo lo relativo a su producción, comercialización y consumo sea una obligación del estado y coadyuve a garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
En la propuesta que se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, la diputada de Morena refiere que Guerrero ocupa el sexto lugar en producción de maíz a nivel nacional, con una cosecha promedio anual de más de un millón 335 mil toneladas.
Abundó que en esta entidad se siembran más de 30 razas de maíces nativos, de un total de 64 identificadas, y más de 300 variedades, lo que representa 29 por ciento de las 220 razas que existen en América Latina.
Refirió, asimismo, que en Guerrero se tiene un padrón de 370 mil productores y se logra una cosecha promedio de 2.79 toneladas por hectárea.
“Es importante que desde la legislación procuremos los medios de apoyo técnicos, agrícolas, industriales y de prevención de riesgos para que el maíz logre optimizar su producción y desarrollo, que le permita generar condiciones para el abastecimiento local, nacional e internacional, con fines de exportación”, expuso.
Subrayó, además, la necesidad de contrarrestar los desplazamientos de las corporaciones trasnacionales que promueven tecnología para la generación de maíces híbridos y genéticamente modificados, situación que pone en una encrucijada al grano milenario de las diferentes regiones de Guerrero, mismo que suele ser acaparado y transformado en harina para devolverlo con otra envoltura, etiqueta y precios de usura.
Iniciativas
La diputada Jessica Alejo Rayo (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado para que quienes tengan la autorización para fraccionar se vean obligados a ceder o donar al municipio respectivo una superficie de terreno destinada a áreas verdes, la cual será del 15 por ciento del área total del fraccionamiento, provista de vegetación, jardines y arboledas que satisfagan los requerimientos de esparcimiento de la población, la permeabilidad del suelo y el equilibrio ecológico.