Boletín
Chilpancingo, Gro., Octubre 29.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso una iniciativa de adición a la Ley 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero para establecer un marco legal que obligue a las autoridades estatales y municipales a coordinarse con las federales en materia de cáncer infantil y adolescente, con el fin de garantizar una atención integral, gratuita y de calidad.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 49 Bis a dicha ley, para que la atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer abarque desde la prevención y detección temprana, hasta el tratamiento, rehabilitación y apoyo psicológico, así como el suministro de medicamentos y el acompañamiento emocional a pacientes y familias.
Además, prevé la posibilidad de establecer convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la capacidad de respuesta del sistema estatal de salud, otorgar apoyos en materia de transporte y alimentación a las familias que deben trasladarse desde comunidades rurales a los centros médicos especializados, con el propósito de reducir el abandono del tratamiento por motivos económicos o de distancia.
Dijo que es importante tomar acciones al respecto, ya que el cáncer infantil representa una de las principales causas de mortalidad en el mundo porque de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año se diagnostican alrededor de 274 mil casos de cáncer en menores de 19 años a nivel mundial, de los cuales cerca de 10 mil corresponden a América Latina y el Caribe, donde las tasas de curación son significativamente menores que en los países de ingresos altos. Y en México, se registran aproximadamente 7 mil casos nuevos anuales de cáncer infantil y adolescente, siendo la leucemia el tipo más frecuente.
Por último, la diputada destacó que esta propuesta constituye un avance en la construcción de un sistema de salud más humano, equitativo y solidario, que coloca en el centro de las políticas públicas el interés superior de la niñez y la adolescencia, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con la protección integral de los derechos de este sector.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.

 
                    