Boletín
Chilpancingo, Guerrero, Noviembre 8.- La diputada Gabriela Bernal Reséndiz, a nombre también del diputado Ricardo Astudillo Calvo, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados federal y al gobierno del estado de Guerrero, a efecto de que se constituya un fideicomiso o cualquier otra figura financieramente viable que destine recursos a los damnificados por el huracán “Otis” y para la reactivación económica de las zonas afectadas.
Desde tribuna, el legislador mencionó que este fenómeno natural dejó severos daños en hoteles, condominios, viviendas, mercados, escuelas y hospitales del municipio de Acapulco, sin dejar de mencionar la infraestructura de servicios.
Abundó que a 14 días del huracán, el saneamiento se ha convertido en la segunda necesidad básica urgente de atender, para evitar las infecciones y la propagación de mosquitos que contagian de dengue y otras enfermedades.
En ese sentido, dijo que la estrategia presentada por la Federación para amortiguar los efectos del desastre contempla la dispersión de 61 mil millones de pesos, mediante el adelanto del pago de pensiones, prórroga por seis meses en el pago de Infonavit, exención del recibo de la luz hasta febrero de 2024, una canasta básica semanal para 250 mil familias durante los próximos tres meses, apoyo de 8 mil a 60 mil pesos para las viviendas afectadas, y créditos a empresas y comercios.
Sin embargo, Astudillo Calvo dijo que este plan queda muy abajo, ante la magnitud de la desgracia, amén de que, “hasta el momento no hay una partida específica que refleje esta promesa y también es preocupante que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 sin asignar recurso extraordinario alguno para la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán Otis”.
El legislador consideró que deben accionarse todos los mecanismos de ayuda para la población afectada por el huracán y recordar la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad física, emocional, patrimonial y económica de la ciudadanía.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación.