Por: IRZA
La Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa afirmó que la detención y vinculación a proceso penal de 116 personas presuntamente involucradas en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, derivado de “la judicialización y procesos abiertos al escrutinio público, representan una nueva etapa en la justicia social en México”.
Este viernes esa comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación federal, publicó un nuevo video en la campaña de información que ha iniciado a 39 días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los normalistas, hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. En el video se informa del proceso de judicialización del caso y se resalta que 116 personas están detenidas y vinculadas a proceso penal “por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas”.
Se detalla que de esos detenidos y vinculados a proceso, 32 son integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU); el ex procurador federal, Jesús Murillo Karam; el ex director antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez; así como un ex ministerio público adscrito a la SIEDO. Destacaron que también están detenidos y vinculados a proceso 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos el general José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando sucedieron los hechos; además del general en retiro, Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala; además de un capitán, 10 soldados rasos y un marino.
De Guerrero destacaron que se encuentra en prisión el ex secretario estatal de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; la ex presidenta del DIF-Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa; 46 policías municipales (2 de Cocula, 9 de Huitzuco, 38 de Iguala); además de 7 policías del estado, 5 policías federales y 4 ministeriales federales.
Añadió que “con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos, la judicialización y los procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social en México”