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Quito, Ecuador. El opositor Congreso de Ecuador resolvió someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.

Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de «fuera Lasso» en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su «obligación poner la cara ante el pueblo».

Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina ‘muerte cruzada’.

«No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea», matizó luego en abril.

Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.

«No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado», pues la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, anotó la cartera en su cuenta de Twitter.