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Estados Unidos. La Casa Blanca criticó la nueva ley de Texas que autoriza a los agentes a deportar indocumentados a México sin el debido proceso, porque considera que “deshumaniza” a los migrantes, pero no aclaró si la Administración de Joe Biden demandará al Estado para frenar esta legislación.


En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la ley de “radical” y señaló que no servirá para aumentar la seguridad en las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México.


Según la portavoz de Biden, la legislación impulsada por el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, “demoniza” y “deshumaniza” profundamente a los migrantes que llegan a Estados Unidos.


La ley texana pasa por alto la ley federal, ya que los jueces del estado estarían autorizados y en algunos casos, obligados a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias.


Esta es una de las tres leyes antiinmigrantes que firmó Abbott el lunes, después de que fueran aprobadas por el Congreso de Texas, dominado por los republicanos. Las otras dos autorizan más fondos para la construcción del muro fronterizo, mientras que la tercera aumenta los delitos de cárcel contra los traficantes de personas.

“Texas es el primero y único Estado en la historia de nuestro país en construir su propio muro fronterizo”, presumió el político republicano poco antes de firmar el decreto de ley.


A la espera de una demanda federal
Preguntada por la prensa, la portavoz de Biden no aclaró si la Administración demandará a Texas por esta ley como ya ha hecho en anteriores ocasiones y dijo que esta es una decisión que debe tomar el Departamento de Justicia de EU.


En cualquier caso, dijo la vocera presidencial, “esto no es lo que debemos ser como país” y recordó que la medida se suma a una serie de políticas antiinmigración de Abbott, como la colocación de alambres de púas en la frontera o la instalación de boyas en el río Bravo.


La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda impugnando la ley SB4, que criminaliza a los inmigrantes y convierte en sospechoso a cualquier persona con aspecto hispano, la primera mayoría racial del estado con más de doce millones de personas (10 de ellas de origen mexicano).

De hecho, activistas esperan que el presidente Biden no desaproveche la oportunidad de ponerse al frente de la defensa de los derechos de los inmigrantes y la población hispana, aunque sea para que haya un voto masivo al demócrata de cara a las elecciones de noviembre de 2024.

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