Por: Boletín
Chilpancingo, Guerrero, Junio 7.- La diputada Jennyfer García Lucena, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para armonizar este ordenamiento con la llamada “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, que impida que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al exponer la propuesta, la legisladora mencionó que recientemente se publicaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, que la persona declarada como deudora alimentaria morosa no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Por lo anterior, indicó García Lucena, es necesario trabajar en la armonización del marco legal local con el federal, a efecto de que las reformas se apliquen de manera directa en las próximas elecciones locales.
Señaló que el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado ya regula parte de la disposición establecida en la norma constitucional federal; sin embargo, falta armonizar el ordenamiento respecto a los demás delitos que se prevén como causal de suspensión de derechos o prerrogativas.
Además, esta iniciativa que se turnó a la Comisión de Justicia plantea adecuar los dos últimos párrafos del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de convertirlos a fracciones, derogándolos como párrafos.