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Colombia, Junio 1.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el domingo que no acepta los resultados del conteo inicial de los votos de las elecciones para elegir a su sucesor.


El empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato izquierdista Iván Cepeda disputarán la presidencia del país sudameriano en una segunda vuelta el 21 de junio, tras no lograr ninguno de los dos el número de votos necesario para imponerse en una cerrada primera ronda.


Con el conteo del 99.9% de las mesas de votación, De La Espriella obtenía un 43.73% de los votos, mientras Cepeda lograba un 40.91%, según los cómputos de la Registraduría, en una reñida contienda que se centró en la seguridad, la economía y las políticas sociales.


«Como presidente no acepto los resultados del preconteo», dijo Petro en su cuenta de X.
«Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República», agregó.


La campaña para la primera vuelta de la elección transcurrió en medio de una polarización entre quienes buscan la continuidad del actual gobierno de izquierda dePetro para profundizar los cambios sociales y quienes quieren un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y la economía.


De La Espriella, de 47 años y apodado «El Tigre», concentra su propuesta en la seguridad y la reactivación de la economía.


Entre sus planteamientos se destacan una política de «mano dura» contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles.


Cepeda, filósofo de 63 años y congresista desde 2010, propone ampliar los programas sociales del gobierno de Petro para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales para buscar la paz y el fin del conflicto armado de más de seis décadas.

También plantea cambios al sistema tributario, incluyendo impuestos a altos patrimonios y la reducción de exenciones a grandes empresas, además de la posibilidad de impulsar una reforma constitucional si no logra acuerdos con los partidos políticos y los gremios económicos para aprobar sus reformas.