Por: Álvaro Venegas Sánchez
Por convicción, desde la campaña electoral por la presidencia en 2018, López Obrador comprometió su palabra para esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala. El primero de diciembre de ese año, al tomar posesión, dentro de los cien compromisos que asumió frente a la multitud concentrada en el zócalo de la ciuda
d de México, con buena fe refrendó que para su gobierno saber el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa sería una prioridad y no descansaría hasta conocer la verdad.
Ante la consigna, reflejo del dolor: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, a unos la promesa pudo haber parecido exagerada e ingenua para otros. Lo que fue claro es que, la versión construida por el gobierno de Peña Nieto, presentada como la verdad histórica, sería revisada por el gobierno entrante. Por tanto, expuesta a encontrar elementos que podrían llevar a conclusiones distintas y por ende también consecuencias inesperadas. Y así ocurrió. Cualquiera con buen juicio no puede negarlo. Murillo Karam no está preso por gusto ni las ganas y la emoción hicieron que Zerón de Lucio decidiera refugiarse en Israel.
A cinco años de distancia y a escasos meses de que AMLO se vaya, esta promesa no pinta que vaya a concretarse con resultados aceptables para familiares de los 43 y sus abogados. La esperanza más bien parece diluirse y, después y a pesar de todo, quedar el punto de la Noche de Iguala en el tiempo como quedaron otros acontecimientos deplorables en los cuales ahí sí, la participación del Ejército y las fuerzas armadas fueron más que evidentes y documentadas: la represión con motivo de la llamada guerra sucia, las masacres del 1968 y 1971, etc. Desencuentros declarativos de las partes, descalificaciones para forzar a que el presidente López Obrador acepte asesores en los que ya no confía y haga suya la visión de otros y desavenencias entre los familiares no abonan en positivo.
¿Ayuda acaso que Vidulfo Rosales Sierra, (El Sur, lunes 22 de enero) califique de percepción falsa, errónea y dolosa la de AMLO, por señalar que los abogados tienen de rehenes a los familiares, que los quiere dividir? ¿Ayuda que denuncie ante la opinión pública, quizás reserva derecho de probarlo, que está negociando con el exalcalde José Luis Abarca y los Figueroa mediante el grupo que controla el empresario Pedro Segura? Para él, la investigación en este sexenio está en franco retroceso: “con un fiscal especial débil y un presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina, que no conoce el caso y sólo es un títere del presidente”. Repito, no sabemos si acusa con fundamentos; pero decir que la liberación de ocho militares es parte del acuerdo de López Obrador (con el poder judicial) para “lavar la cara al Ejército”, proviniendo de un abogado, sería lamentable si fuera puro juicio temerario.
Otro ingrediente es la división. Felipe de la Cruz, ex vocero del grupo, retirado por un tiempo, se reincorpora. Informa que lo hace a petición de algunos padres que fueron segregados del grupo por haber asistido a una marcha en Iguala, agosto del 2022, en apoyo a José Luis Abarca. Considera que todos, los padres son legítimos, que los mueve el mismo dolor y el deseo de justicia. El grupo mayoritario por influencia de un abogado no debe separarlos; si hay división no la está provocando el gobierno: “es Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, quien presiona y chantajea a los padres para que acepten sus condiciones y, por temor a quedarse en el desamparo, hacen lo que él dice”. Fue lo que denunció Felipe de la Cruz en conferencia de prensa efectuada en el zócalo de Chilpancingo.
Enturbiado el ambiente, cualquier conclusión presidencial sobre el caso, es previsible, no sería creíble ni satisfactoria a los asesores de los familiares. Ellos, parece ser, quieren poner en entredicho la credibilidad del presidente insistiendo que el Ejército entregue información sensible y el gobierno sostiene que ha puesto a disposición toda la que tiene. Merced a estas condiciones, todo apunta que el destino de los 43 normalistas podría quedar en incógnita y especulación. Tal cual ocurrió con casos por ejemplo como el de Aburto, el asesino solitario que disparó dos veces al candidato Luis Donaldo Colosio, ocasionándole la muerte en medio de una multitud.
Pasarán los años y con el tiempo, cada quien recordará y opinará a favor o en contra de quien hizo todo lo que pudo para el esclarecimiento enfrentando obstáculos del Poder Judicial; o bien a favor y contra de los que, por algún motivo, propiciaron quedara en suspenso.
Iguala, Gro., enero 29 del 2024.