Vicky Barrios
Iguala, Gro., Trabajadores administrativos del Juzgado Quinto del Poder Judicial iniciaron este miércoles un paro de labores por tiempo indefinido y se manifestaron de manera pacífica en el exterior del edificio, en demanda de mejoras salariales, respeto a sus prestaciones y mejores condiciones de trabajo.
Los manifestantes informaron que, pese a la suspensión de actividades administrativas, los casos urgentes y las audiencias se desarrollan con normalidad.
A través de un pronunciamiento dirigido a la presidenta de la República y a la opinión pública, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), junto con su Comité Ejecutivo Nacional, señaló que la falta de respuestas de fondo por parte de las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial motivó la movilización.
Entre sus principales demandas se encuentra un incremento salarial, así como el pago retroactivo correspondiente al año, acorde con las cargas de trabajo y las condiciones económicas. También exigieron respeto absoluto a las prestaciones y los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo, autorización de nombramientos, continuidad laboral y basificación del personal que cumpla con los requisitos.
Asimismo, solicitaron investigar y resolver las denuncias por acoso y hostigamiento laboral, además de implementar medidas de protección para las personas afectadas.
Otra de sus exigencias es la reducción y redistribución de las cargas excesivas de trabajo, el fin de las jornadas que calificaron como inhumanas y la eliminación de prácticas que atentan contra la dignidad, el descanso y los derechos laborales. Para ello, plantearon la necesidad de cubrir las ausencias derivadas de licencias médicas.
En su pronunciamiento, los trabajadores señalaron que sus acciones se realizan de manera pacífica, responsable y dentro del marco legal, pero advirtieron que mantendrán firme su postura hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.
También rechazaron que argumentos como la austeridad, la reorganización administrativa o los conflictos de interés sean utilizados para precarizar el empleo o desconocer los derechos del personal, al sostener que el diálogo no implica debilidad, subordinación ni renuncia a sus exigencias.
Finalmente, demandaron la instalación inmediata de una mesa de trabajo con capacidad real de decisión, en la que se proporcionen respuestas por escrito, plazos definidos y compromisos verificables.
Advirtieron que, si persiste la falta de respuesta de las autoridades, el sindicato intensificará de manera escalonada, legal y pacífica las acciones sindicales, institucionales y jurídicas que correspondan.