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Ciudad de México, Tal como lo anunció el 26 de junio, el senador del PAN, Marko Cortés, presentó una proposición para que el Senado de la República cree una comisión especial de “narcolavado” por los casos Intercam, CIBanco y Vector que fueron sancionados por Estados Unidos por presuntamente blanquear dinero de cárteles del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una prórroga, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con esos dos bancos y una casa de bolsa.

En ese marco, el senador Cortés Mendoza planteó a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República conformar una Comisión Especial Investigadora sobre narcolavado de dinero que investigue la actuación de las autoridades mexicanas en el caso de las actividades ilícitas de dichas instituciones financieras.

El legislador consideró que la decisión de Estados Unidos exhibió el bajo nivel de cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses encargadas del combate al lavado de dinero y al financiamiento a ilícitos graves como el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas además de dejar de manifiesto la falta de confianza de las autoridades estadounidenses en las autoridades mexicanas para el combate al crimen organizado transnacional.

“No deja de llamar la atención que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina del día siguiente, desestimó las acusaciones del Departamento del Tesoro y hasta insinuó que podrían estar efectuando esas acusaciones sin pruebas cuando apenas unas horas después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó el control de estas entidades financieras a fin de sustituir temporalmente a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, señaló.

Argumentó que de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), hay evidencia suficiente respecto a transacciones por alrededor de 40 millones dólares que habrían sido lavadas por Vector entre el 2019 y 2023, y que consistían en sobornos provenientes de cárteles del narcotráfico, especialmente del Cártel de Sinaloa, y dirigidos al propio Genaro Gorda Luna.

Además, dijo que según el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa Vector sería parte de una red de operaciones transnacionales en las que participaron «mulas de dinero», empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos.

Por ello, Marko Cortés destacó que el gobierno de México sí tenía información sobre este caso, porque el 12 de junio del 2024, a solicitud del despacho de abogados que representaba a la Unidad de Inteligencia Financiera, la jueza del caso Lisa Walsh envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar información sobre las operaciones realizadas por las cuentas de Vector.

En su oportunidad, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, aseguró que no descalificaría a priori esta propuesta del PAN, y sería analizada como corresponde.