Por: Natividad Ambrocio

IGUALA, Gro. 20 de Diciembre.- Después de estar tres años en la cárcel de Iguala, acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de homicidio en grado de parentesco, la jueza de control, Mariela Alfaro Zapata, ordenó libertad absolutoria a Aurelia, indígena del municipio de Chilapa, Guerrero.

Este martes, a las 9:20 de la noche, con una sonrisa en la boca y el rostro iluminado, la joven náhuatl de 23 años, acompañada de su padre y madre, así como de sus abogadas defensoras, salió caminando de las instalaciones del Palacio de Justicia de esta ciudad, luego de que se llevara la audiencia final donde fue absuelta de homicidio en razón de parentesco por un aborto involuntario.

Aurelia fue violada por un integrante de la policía comunitaria de Xochicalco, municipio de Chilapa, quedando embarazada y por no tener una atención médica pertinente, tuvo complicaciones que derivaron en un aborto involuntario.

En la puerta del estacionamiento de la Ciudad Judicial de Iguala, el señor Alberto García, padre de Aurelia, habló en su lengua náhuatl, agradeciendo a Dios y a todas las partes involucradas que hicieron posible la libertad de su hija y que ojalá todas las mujeres indígenas encuentren a alguien que les ayude y puedan quedar libres.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, dijo que después de tres años de no ver a su hija, siente que Aurelia volvió a nacer.

Mientras que Aurelia, con su rostro alegre, también expresó emocionada y nerviosa unas palabras en náhuatl para agradecer a sus abogadas y a quienes le ayudaron a recobrar su libertad.

La mujer indígena manifestó que estudiará para hacer realidad su sueño de convertirse en maestra y así enseñarles a los niños de su comunidad.

Y que en los tres años que estuvo recluida en el Cereso de Tuxpan del municipio de Iguala, aprendió a ser más fuerte, a hablar español, donde conoció a muchas mujeres presas injustamente por el mismo delito que purgó ella.

Por su parte, las abogadas de Aurelia, Ximena Ugarte Traga y Verónica Garzón Boneti, lograron revertir la sentencia condenatoria al presentar tres pruebas de desahogo: la testimonial del paramédico, la pericial en antropología social y la pericial en medicina forense.

Con dichas pruebas, la Fiscalía General del Estado no logró probar las acusaciones de homicidio en grado de parentesco en contra de su representada, quedando absuelta por la jueza de control, Mariela Alfaro Zapata.