Por: Leonardo Kourchenko
El mes que está a punto de terminar ha sido sin duda alguna el más complejo, desafiante y difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum en el curso de su joven administración.
Todo arrancó desde las inundaciones en Veracruz a finales de octubre, y después el trágico asesinato del alcalde Manzo en Uruapan. De ahí en adelante, todo ha sido un despeñadero —citando al clásico.
La falta de empatía y sensibilidad de la presidenta y de su gobierno para leer la realidad, para intentar conectar con un sentimiento auténtico y legítimo en diferentes segmentos de la sociedad, ha producido un temprano distanciamiento.
La marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre mostró de forma inequívoca la expresión de un creciente malestar social en torno al principal problema de México: la inseguridad.
Las encuestas lo señalan, los propios datos del gobierno lo confirman y, por si faltara, los continuos mensajes preventivos o de franca prohibición para ciudadanos de Estados Unidos y de Canadá de no viajar a múltiples ciudades y estados de la República mexicana.
El gobierno puede vendarse los ojos, afirmar que todo es producto de la manipulación política proveniente de la ultraderecha internacional. Puede incluso construir con su retórica la realidad alterna de la disminución de crímenes y delitos en todas las categorías en el país.
Pero lo cierto es que el malestar está ahí. Evidente, inocultable.
No estamos diciendo que no trabajan, o que no han modificado la nefasta y perversa estrategia de los abrazos y la inacción para combatir al delito por parte de AMLO. El resultado está a la vista: una gigantesca dispersión y diversificación de delitos que hicieron crecer a las organizaciones criminales en grandes multinacionales con líneas de negocio distintas: el tráfico de sustancias, de personas, el huachicol, el huachigas, el contrabando incontrolable y de dimensiones nunca antes vistas, pero por encima de todo, la extorsión.
Es, sin lugar a duda, el delito número uno de México porque lo abarca todo. Los pequeños comercios, las misceláneas, los puestos del mercado, los tianguis, las oficinas públicas de distintos niveles, las familias, los profesionales, las grandes empresas. Prácticamente todos han sido víctimas de extorsión en alguna u otra proporción.
Los criminales descubrieron que para qué dedicarse solo a las drogas o al tráfico fronterizo de personas, si había armas, combustibles y la extorsión.
Vaya daño calamitoso el que Andrés Manuel le heredó al país, con las estupideces aquellas del “pórtense bien, voy a hablar con sus mamás”. Vaya insensatez que sumió al país en un espacio del delito impune, la delincuencia, de la explosión criminal de México.
Para Claudia, esa herencia ha sido la más nefasta, porque revertir esa tendencia, combatir a los grupos criminales empoderados y dueños de territorios, tomará años, sin resultados inmediatos a la vista.
La gente está enojada, harta, ya se cansó de “los de antes son los culpables”.
Argumento pobre, maniqueo y, además, después de 7 años en el poder, insostenible.
Después de los Z vinieron los transportistas y sus bloqueos, la CNTE y las pensiones, los agroproductores y el grave conflicto del agua.
Múltiples frentes abiertos para la presidenta, sin capacidad operativa de solución y, peor aún, sin operadores políticos experimentados, con capacidad y sensibilidad.
Rosa Icela, la decorativa secretaria de Gobernación —parece tendencia después de la hórrida experiencia de Olga Sánchez en esa dependencia—, demostró hace unos días su insensibilidad política y su ignorancia para tratar y lidiar con estos problemas.
Carpetas de investigación contra manifestantes, dijo en un mensaje que luego la presidenta intentó corregir: “Se entendió mal”. ¿Será que la secretaria de Gobernación no sabe lo que dice —está grabado— o no entiende las implicaciones de perseguir a los manifestantes?
El tono predominante para enfrentar cada uno de los problemas sociales, colectivos y específicos ha sido el desencuentro, la falta de diálogo, la carencia absoluta de empatía.