Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, aseguró este jueves que no existe un acuerdo para frenar la legislación que dé origen a la operación del servicio privado de traslado de personas por aplicación móvil en Guerrero.
-¿No hay acuerdo de frenar alguna legislación? Se le pidió precisar.
-“No, porque es reciente”, aseguró.
Apenas el miércoles, Arturo Salinas Sandoval, director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero, acordó con transportistas concesionados de Chilpancingo no permitirán la operación de ese servicio por aplicación.
En entrevista, el funcionario dijo tajantemente: “no hay ningún acuerdo, la ley ya está establecida y prohíbe que trabajen unidades sin concesión. Es pirataje (sic), es lo que hemos dicho, y no se va a permitir”.
Amagó también con poner a disposición del Ministerio Público a los conductores que reincidan en la prestación de ese servicio.
Y al respecto el diputado Joaquín Badillo respaldó al sector transportista, pero señaló que “a lo mejor han explorado la posibilidad de la tecnología, cómo los puede ayudar, no perjudicar”.
En ese sentido consideró viable impulsar “leyes de gran calado en beneficio del sector”, al ejemplificar que el gobierno estatal o la iniciativa privada podrían desarrollar una plataforma móvil para brindar el servicio, pero con preferencia para los transportistas tradicionales, es decir, los taxistas.
“Tienen las unidades, experiencia, conocen las rutas, son gente regulada y sectorizada” opinó, y consideró que lejos de generar un conflicto resultaría “de mucho beneficio, de solución, siempre y cuando estén todos de acuerdo”.
Agregó que el sector del transporte concesionado tiene “muchas de carencias”, como la falta de subsidio para mantenimiento y remodelaciones de sus unidades, prestaciones de ley, seguros de vida y seguros de daños para sus vehículos.
“Manifiestan que hay muchas calles en mal estado, que sus unidades resultan deterioradas; a veces tienen sobredemanda en diferentes rutas, otras no”, comentó.
Y consultado sobre el diferendo entre los diputados Vladimir Barrera Fuerte, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso local, y la diputada Diana Bernabé Vega, autora de la primera iniciativa para regular el servicio por aplicación, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena precisó no habrá ni debe haber “ningún conflicto”, porque, además, son homólogos en derechos y obligaciones.
El conflicto surgió luego de que el diputado Barrera aseguró que la propuesta de Bernabé está incompleta y que la rectoría de la iniciativa debe asumirla el gobierno estatal. Y Badillo opinó al respecto que podrían propiciar “mesas de trabajo para un mayor análisis de los planteamientos”, aunque no precisó cuándo.
E indicó que podrían participar los transportistas tradicionales, los promotores de las plataformas y las autoridades de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad estatal.