Rogelio Agustín
Chilpancingo, Gro. «No hay nada nuevo que aportar», dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, al referirse a los videos captados por seis cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, mismos que fueron destruidos durante la gestión de la magistrada Lambertina Galeana Marín.

En el informe de la Comisión para la Justicia y la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó que las investigaciones señalan que un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron interceptados frente al Palacio de Justicia de Iguala, ubicado en la salida hacia Chilpancingo.

Dicho edificio tiene seis cámaras de vigilancia, mismas que debieron registrar el momento en que los normalistas fueron detenidos por policías preventivos de Huitzuco y sicarios de Guerreros Unidos.

De acuerdo con la investigación, por lo menos 14 estudiantes de la normal rural habrían sido llevados ante un jefe del crimen organizado, al que se refirieron como “El Patrón”.

Sin embargo, los videos de ese hecho fueron destruidos, lo que en su momento fue confirmado por la ex presidenta del Poder Judicial local, Lambertina Galeana, quien señaló a diferentes medios de comunicación que el material no servía, porque en realidad se trataba solo de imágenes borrosas.

A un mes de que se cumplan ocho años de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas, el actual presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias sostiene que dicho Poder «No tiene nada nuevo que aportar al caso».

Dijo que ya en su momento la propia magistrada en retiro, Lambertina Galeana explicó lo que pasó con los videos de referencia.

Posteriormente, señaló que también sus antecesores en el cargo, Robespierre Robles Hurtado y Alberto López Celis se reunieron con los padres de los 43, dialogaron y les manifestaron su disposición a colaborar, pero de la misma manera, no tuvieron las condiciones de aportar los videos que solicitaban.

En estos momentos, dijo que el TSJ no tiene elementos que aportar de manera adicional, pues los videos nunca pudieron recuperarse.

Agregó que ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Comisión de la Verdad ni la Fiscalía Especial, han requerido algún tipo de aporte a los trabajos que realizan sobre el caso, pero insistió en que el TSJ no tiene nada nuevo que aportar.

Reconoció que las condiciones en que se encuentra el sistema de videovigilancia del Poder Judicial es precario, si se toma en cuenta que carecen de presupuesto para lo elemental.

“Nos hace falta recurso incluso hasta para la papelería”, indicó. Lo que sí enfatizó, es que la decisión de destruir dichos videos no fue del Pleno del Poder Judicial, pues los magistrados que lo integran no fueron consultados respecto a lo que se debería hacer con ellos.

En todo caso, la decisión la tomaron los técnicos que manejan el sistema de vigilancia y quien en ese momento se desempeñaba como presidenta, la magistrada Galeana Marín, que ya se encuentra en el retiro.