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Ciudad de México, El Comité Ejecutivo Nacional de Morena acusó al gobierno de Estados Unidos de “vulnerar” el Estado de derecho mexicano y tratados internacionales binacionales.
En un comunicado, el partido oficialista aseguró que “resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación”.
En el texto, los morenistas también advirtieron que “la forma en la cual se comunicó por parte de la embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países”.
El Comité liderado por Luisa María Alcalde, quien dejará el cargo el próximo domingo 3 de mayo, aseguró que “respalda firmemente la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de Derecho”.
Refrendó su confianza en la Fiscalía General de la República y advirtió que es la única entidad encargada de revisar la legalidad de la petición estadounidense para extraditar al gobernador de Sinaloa y a los políticos señalados de presuntas ligas con el crimen organizado.
“Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”, explica el texto.
Finalmente, el CEN de Morena afirmó que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, en “apego a derecho y en defensa de la soberanía nacional”.
La solicitud de extradición formalizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y mandos policiales de Sinaloa.
En el expediente desclasificado por una corte federal en Nueva York, figuran nombres como el del senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez.
La justicia estadounidense señala a este grupo de servidores públicos de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego y los vincula con una estructura que presuntamente brindó protección institucional a las operaciones del Cártel de Sinaloa.