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Ciudad de México, El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el Congreso de la Unión tiene como límite la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa de reforma electoral.
En entrevista con medios, al término de la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el legislador reconoció que los tiempos son ajustados.
“Tenemos hasta febrero, la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa; los tiempos se nos ajustan, pero nuestro plazo es febrero. Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos, PT, PVEM y Morena, pueda llegar a un feliz término”, expresó.
Monreal recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que ya existe un borrador con posibles modificaciones constitucionales, pero señaló que él no ha recibido ningún documento oficial.
“Yo no estoy enterado, no tengo formalmente ningún documento y creo que la próxima semana seguirán dialogando”, indicó.
Al ser cuestionado sobre si la falta de envío de la iniciativa genera presión, el coordinador parlamentario reconoció que sí.
“Cada día que pasa sí mete presión; pero tenemos de plazo hasta la segunda semana de febrero para la llegada de la iniciativa. Ojalá y lo logremos”, sostuvo.
El legislador subrayó que cualquier reforma constitucional depende de la cohesión de la coalición oficialista.
“Sin la participación y el apoyo del PVEM y el PT, no hay posibilidades de reformas constitucionales”, enfatizó.
Añadió que, de no lograrse acuerdos entre las fuerzas aliadas, existe el riesgo de que la iniciativa no se presente.
“Si no tenemos entendimientos y acuerdos, sigue el riesgo”, admitió.
Monreal indicó que las reuniones de trabajo continuarán durante esta y la próxima semana, periodo en el que podrían comenzar a definirse las redacciones finales del proyecto.
La eventual reforma electoral se perfila como uno de los temas políticos más relevantes del periodo legislativo, debido a que implicaría cambios constitucionales que requieren mayoría calificada y consenso entre las fuerzas que integran el bloque oficialista.