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Ciudad de México. Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Segundo Informe anual de labores, denunció amenazas contra personas juzgadoras, calumnias y una campaña de desprestigio en contra del Poder Judicial, en medio de la implementación de la reforma al Poder Judicial; de la cual, consideró que “no es una historia de vencedores o vencidos”.
La ministra Presidenta, en el marco de su segundo y último informe de labores, relató que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial de la Federación enfrentó un contexto marcado por la discusión nacional e internacional, de las implicaciones de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, también acusó que hubo “ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno”.
“Se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte -como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador- de un proyecto político dominante”, dijo Norma Piña. Además de que dijo “la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente —ajeno a los vaivenes de la política— es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.
Hubo un “punto de quiebre”, en 2023 en el momento en que se discutió el caso relativo a la Guardia Nacional donde se ordenaba el traslado del control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa.
“Fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, apuntó.
Tras el impulso de la reforma al Poder Judicial, señaló “se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución; desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También, se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.
En medio de los embates, la ministra señaló que hubo una campaña de “desprestigio público” de las personas juzgadoras sin nunca presentarse prueba alguna, el cual señaló fue realizado por “algunos medios públicos y todos los medios oficiales”.
Sin la presencia de representantes del Poder Legislativo, y con la asistencia de Cesar Yáñez, subsecretario de Gobernación, la ministra rindió la glosa de actividades del Poder Judicial durante 2024, donde fueron turnados tres mil 853 asuntos para estudio del tribunal pleno y de las salas.
Por otra parte, refirió que la reforma judicial no se concentró en “la enorme debilidad de las policías y fiscalías del Estado para hacer frente a la violencia y el crimen organizado”; y cuestionó “¿Por qué entonces todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial Federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?”
Además, agregó: “A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
Sostuvo que “la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente —ajeno a los vaivenes de la política— es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.