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Ciudad de México. El Gobierno mexicano expresó este miércoles su rechazo a las medidas antimigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobada el martes por el Congreso del estado de Texas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.

El martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de Ley SB 4, que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.

Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

El Gobierno mexicano apuntó que «reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir» las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero «respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio».

En ese sentido, dijo, «rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano».