Chilpancingo, Guerrero, 27 de febrero de 2025.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estado, Araceli Ocampo Manzanares, consideró que el tema de los matrimonios infantiles debe ser atendido de manera interinstitucional, incluidos los ayuntamientos en la concientización de que es un delito y que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos.
Al opinar respecto a lo ocurrido en la comunidad de Huamuchitos, municipio de Acapulco, donde dos menores fueron dados en supuesta promesa de matrimonio, Ocampo Manzanares señaló que es un acto que violenta los derechos humanos de los implicados.
Recordó que el pasado 14 de enero presentó una iniciativa para reformar el artículo 177 bis del Código Penal del Estado de Guerrero, con la finalidad de prohibir el matrimonio entre menores o mayores y una menor de edad, estableciendo una pena más alta en contra de quienes realicen esta práctica.
“Porque es importante terminar con estos vicios, estas costumbres como le llaman y no es correcto el matrimonio entre menores”, sostuvo la diputada.
Consideró que el Congreso del Estado debe seguir trabajando, impulsando esas leyes y continuar concientizando también a las familias guerrerenses, porque aunque desde hace años pueblos indígenas y afros se han regido bajo sus usos y costumbres “no queremos que los matrimonios infantiles sean una costumbre”.
“Lo que si queremos es que se garantice el derecho de las mujeres, de las niñas y que no haya más violencia, porque si permitimos eso ya no les estamos permitiendo que las niñas se desarrollen, que tengan una profesión, que salgan adelante, ¿a que las orillamos?, a que fracasen en su matrimonio, a que vivan en la pobreza, en la desigualdad, que sus proyectos de vida queden truncados porque no se les explicó que esto está mal, es un delito y no lo deben hacer”, expuso Ocampo Manzanares.
Consideró que este tema debe de ser atendido de manera interinstitucional, con la participación de instancias como Salud, Educación, el propio Gobierno del Estado y todas las autoridades competentes, deben entrarle a la concientización de las niñas y los niños, y desde el Congreso del Estado seguir impulsando leyes que prohíban estos matrimonios.