Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., Julio 1.- La controversia que Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la fiscalización de más de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ejercidos en 2023, dio origen a un convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con 30 auditorías estatales, entre ellas la de Guerrero.
El convenio firmado el lunes 19 de junio cobró relevancia porque, de acuerdo con el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue promovido por el Congreso local, pero con efectos para «todo el país».
«Gracias a la intervención del Congreso del Estado, de ser pionero, derivado de alguna controversia, hay que decirlo con mucha puntualidad, hoy se le da certeza jurídica y legal no solo a Guerrero, a México, para tener la facultad de auditar recursos públicos federales en beneficio del país, de la transparencia y la rendición de cuentas», dijo.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, asistió este martes a la sede del Congreso a entregar 61 informes individuales de la Cuenta Pública 2025 a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, que preside la diputada Luissana Ramos Pineda.
En su mensaje en el evento, informó a los diputados, entre ellos Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, que el lunes 29 de junio firmó el convenio de colaboración con Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.
En entrevista, el diputado Joaquín Badillo reconoció las acciones, gestión y «buenos oficios» de Peralta Hidalgo, luego de firmar el citado convenio que faculta a la ASE para intervenir, revisar y fiscalizar el gasto federalizado aplicado por los gobiernos municipales.
En 2025, cabe recordar, la ASE observó más de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que el gobierno de Acapulco, encabezado por Abelina López Rodríguez, ejerció en 2023, pero que presuntamente no comprobó.
Para evitar los requerimientos de información y la fiscalización del recurso, López Rodríguez promovió una controversia ante la SCJN en junio del año pasado, la cual le fue concedida, por lo que el máximo tribunal judicial del país ordenó a la ASE y al Congreso de Guerrero que frenara el procedimiento.
Pero el diputado Badillo explicó que, en caso de presentarse un asunto similar, la ASE podría intervenir de inmediato con base al convenio firmado el lunes por Marcos César Peralta Hidalgo y el titular de la ASF.
«Plena y absoluta. Sin duda alguna esto es un gran logro, basado en términos legales facultativos. Producto de una controversia, llegamos a beneficiar a toda la fiscalización del país», indicó el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la 64 Legislatura.
Con base a ese mismo convenio, la ASE y la ASF podrán colaborar también en capacitaciones e intercambio de tecnologías, que resultan fundamentales para la fiscalización de los recursos públicos.