Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) pidió este viernes evitar actos anticipados de precampaña y campaña, así como el uso de los recursos y programas públicos.
La petición fue dirigida a dirigentes de partidos políticos, así como a sus militantes y simpatizantes y aspirantes a cargos de elección, a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad, a quienes les pidió respetar los plazos electorales.
El lunes 7 de septiembre, cabe recordar, el Consejo General del IEPC declaró el inicio del proceso electoral ordinario para renovar la elección de gobernador, diputaciones locales, 83 ayuntamientos y dos concejos municipales.
Por acuerdo unánime durante la sexta sesión extraordinaria del Consejo General, los consejeros pidieron a los servidores públicos abstenerse de realizar promoción personalizada y utilizar programas sociales con fines político-electorales.
También, para que eviten disponer, utilizar o desviar recursos públicos para favorecer o perjudicar a alguna candidatura, partido o fuerza política en la entidad.
El acuerdo alcanza también a las autoridades estatales y municipales para mantener los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, y evitar que el ejercicio de sus funciones, el uso de los recursos públicos o programas y acciones de gobierno incidan indebidamente en el proceso electoral o en la voluntad del electorado.
Así como a los partidos políticos, sus dirigencias, militantes, simpatizantes, aspirantes y futuras candidaturas, además de la ciudadanía, les pidió sujetarse a las etapas, a respetar los periodos y términos establecidos en la legislación electoral.
Del mismo modo, el IEPC les pidió abstenerse de realizar actos, expresiones, publicaciones o cualquier conducta que pudiera configurar actos anticipados de precampaña o campaña.
El Instituto Electoral advirtió que el incumplimiento de las disposiciones electorales podría derivar en el inicio de procedimientos sancionadores o de responsabilidad, así como la imposición de medidas y sanciones en contra de quienes incurran en la violación electoral.
Entre las sanciones, de acuerdo con la legislación electoral, se prevé la negativa, improcedencia o hasta cancelación de registros cuando legalmente corresponda.
También podrá dar vista a las autoridades competentes si los hechos se llegan a constituir en infracciones administrativas, electorales o penales.