Por: Álvaro Venegas Sánchez
Los trabajadores del Estado, eternos inconformes por los pésimos servicios del ISSSTE, no esperaban saber detalles sobre por qué durante años han padecido mal servicio médico, ellos y sus familiares dependientes. El martes 29 de agosto, el equipo designado por el presidente para investigar y sanear al Instituto y que encabeza la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con el Dr. Pedro Zenteno, actual director general del ISSSTE y Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dieron a conocer el resultado de la encomienda presidencial.
A grandes rasgos explicaron qué encontraron: a) Subrogación de funciones primordiales a empresas privadas cuyos dueños, en varios casos eran funcionarios públicos, personajes políticos, traficantes de influencia, prestanombres; pero igual hicieron con servicios como laboratorios, ambulancias, camillas, etc. Todo fue mediante contratos que sumaron 88 mil millones de pesos en dos sexenios. b) Detectaron clínicas que en 12 años no les proporcionaron equipo básico: rayos X portátiles, eco cardiógrafos ni instrumental especializado como tomógrafos o electroencefalógrafos, impidiendo así atención diagnóstica y de tratamiento a los derechohabientes.
c) Aunado a lo anterior, identificaron unidades médicas que en décadas no dieron mantenimiento mínimo indispensable: aire acondicionado, red sanitaria adecuada, impermeabilización, ofreciendo riesgos para salud. d) Concesionaban el trabajo a empresas a las que pagaban precios fuera de lo real. e) La comisión descubrió un indignante esquema de saqueo y defraudación por alrededor de 15 mil millones de pesos autorizando pago de pensiones con montos totalmente fuera de la ley; ello fue posible al coludirse ex trabajadores con coyotes, despachos de abogados, servidores públicos de los tribunales laborales y litigantes del Instituto que intencionalmente perdían los juicios.
f) Comentaron que, entre al menos 100 pensiones irregulares vigentes las cuales rebasan los 31 mil pesos mensuales, destacan cinco de ellas otorgadas, merced a sentencias tribunales entre 1995 y 2006 con percepciones que van de 129 mil y hasta 273 mil pesos mensuales.
Informaron que han presentado 31 denuncias ante la FGR originando 25 carpetas de investigación y se han judicializado a 22 personas. Asimismo, han implementado una estrategia jurídica para evitar más fraudes de este tipo, conteniendo así el saqueo y el proceso de privatización silenciosa a efecto de que el ISSSTE vuelva a ser lo que era, una institución pública al servicio de los trabajadores del Estado y no la gran simulación en que convirtieron gobiernos irresponsables y voraces del PRI y el PAN.
Ninguno de los funcionarios informantes reveló nombres de los gobernantes en los años 1995-2006, de los directores del ISSSTE ni de las personas denunciadas. No hace falta. Hay memoria. Manuel Aguilera Gómez, director general de 1994-1997 y Socorro Díaz Palacios, de 1998-2000. Ambos con Ernesto Zedillo en Los Pinos. Benjamín González Roaro, fungió en el periodo de Vicente Fox. Miguel Ángel Yunes, acompañó a Felipe Calderón, ese genio del mal que vendió a los trabajadores el señuelo de Cuentas Individuales para negocio de las Afores. Respecto a Yunes, el presidente López Obrador recordó que ocupó la dirección del ISSSTE a propuesta de la maestra Elba Esther Gordillo.
Después de esta información y explicación pública ¿qué pensarán los derechohabientes en general? Sin duda habrá algunos trabajadores de la educación y de otras dependencias federales que, a pesar de hechos vividos por situaciones personales o familiares en clínicas y hospitales y/o a sus pensiones mal calculadas, no van a cambiar de opinión. Continuarán afirmando que el gobierno de AMLO es igual; que es “pura política”.
Es de esperar sean los menos que piensen y reaccionen así y la mayoría, incluyendo representantes de los distintos sindicatos de la FSTSE y la FDSSP, exijan que la investigación vaya a fondo, exhiban y enjuicien jurídicamente a quienes tal vez aún se pasean presumiendo “aureolas de honorabilidad” siendo que fueron responsables de las consecuencias que causó el quebranto que lesionó la calidad del servicio durante sexenios y además favorecieron con pensiones indebidas.
Iguala, Gro., septiembre 4 del 2023.