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Ciudad de México. La población que sufrió algún tipo de discriminación entre 2017 y 2022, aumentó de 20.2 por ciento a 23.7 por ciento, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos, lo que mostró una clara tendencia a la alza.

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Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS), elaborada por el INEGI, destaca que el grupo más discriminado fue el de la diversidad sexual y de género con 37.3 por ciento.

En segundo lugar, los afrodescendientes con 35.6 por ciento, seguido por las trabajadoras del hogar con 34.6 por ciento y las personas con discapacidad 33.8 por ciento.

La principal causa de discriminación se debe a la forma de vestir o arreglo personal, donde entran los tatuajes, la ropa, el peinado y las perforaciones con 30.6 por ciento, seguida por el peso o la estatura 27.5 por ciento y las opiniones políticas 24.6 por ciento.

El ser mujer, fue la principal motivación para ser víctima de discriminación; en segundo lugar la forma de vestir 31.8 por ciento; el peso y la estatura 30.7 por ciento; la edad 23.1 por ciento y las creencias religiosas 21.8 por ciento.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población discriminada fueron Yucatán (32.1 por ciento), Puebla (30.6 por ciento), Querétaro (30.5 por ciento), Ciudad de México (29.6 por ciento) y Jalisco (27.1 por ciento).

Mientras que los estados con menor porcentaje de discriminación fueron Nayarit (17.9 por ciento), Sonora (17.5 por ciento) y Sinaloa (13.8 por ciento).

La exclusión y la negación de derechos para los grupos más vulnerables creció de la primera encuesta (2017), a la segunda encuesta (2022), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 21.3 por ciento de las mujeres mayores de 18 años de edad, a nivel nacional, reveló haber sufrido la negación injustificada de sus derechos, y el 19.6 por ciento de los hombres.

La negativa para recibir apoyos de programas sociales es el derecho negado más señalado con 46.1 por ciento, la atención médica o medicamentos con 38.5 por ciento; la atención o servicios en alguna oficina de gobierno con 27.4 por ciento, y la negativa a recibir créditos de vivienda, préstamos o tarjetas bancarias 20.9 por ciento.