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Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la sentencia del Tribunal Supremo de Alabama que considera «niños» a los embriones congelados, una decisión que ha llevado a las clínicas de fecundación in vitro del estado a interrumpir sus operaciones.

Dos clínicas han emitido comunicados anunciando pausas, y hay informes de que una tercera seguirá su ejemplo. La decisión las expone a demandas por homicidio culposo.

«El desprecio por la capacidad de las mujeres para tomar estas decisiones por sí mismas y por sus familias es indignante e inaceptable», afirmó Biden en un comunicado.

Estas pausas se producen días después de la sentencia del alto tribunal de Alabama, que tiene su origen en una demanda presentada contra una clínica de fertilidad en virtud de la Ley de Muerte Injusta de un Menor de 1872 del sureño estado.

La demanda fue interpuesta por tres parejas cuyos embriones congelados fueron destruidos por un paciente que «se las arregló para entrar» en una sala de criogenización donde estaban almacenados y dejó caer accidentalmente varios de ellos al suelo.

Un tribunal inferior dictaminó que los embriones no podían definirse como «persona» o «niño» y desestimó la demanda por homicidio culposo.

Embriones congelados
La Corte Suprema de Alabama determinó que los embriones congelados deben ser considerados como niños según la legislación estatal. Este veredicto, derivado de dos demandas por homicidio culposo presentadas por parejas cuyos embriones fueron destruidos en un accidente en una clínica de fertilidad, podría tener profundas implicaciones para los tratamientos de fertilidad en el estado.

.»Los niños no nacidos son ‘niños’… sin excepciones basadas en la etapa de desarrollo, la ubicación física o cualquier otra característica complementaria”, escribió el juez Jay Mitchell en el fallo mayoritario del viernes del tribunal compuesto totalmente por republicanos.

Alabama es uno de las dos docenas de estados que han prohibido o restringido el acceso al aborto tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022, que anuló el derecho constitucional al procedimiento.