Boletín


Chilpancingo, Gro., Agosto 14.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar la pena de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología de la información y la comunicación; y para incrementar las penas de seis meses a tres años de prisión a quien teniendo la obligación legal abandone a las personas adultas mayores y con discapacidad.


En los dictámenes de la Comisión de Justicia se indica que, una vez analizadas las propuestas de reforma, la primera presentada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón y la segunda por el diputado Juan Valenzo Villanueva, se aprobaron en sentido positivo al no encontrarse elementos que contravengan la Constitución Política o Tratados Internacionales, por el contrario, garantiza el acceso a la justicia y los derechos humanos.


La primera reforma establece que las sanciones por el delito de extorsión a través de medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología de la información y la comunicación aumentará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana; y es que actualmente la pena vigente es de 10 a 25 años de prisión.


Por otro lado, en la reforma al Artículo 167 del Código Penal del Estado se señala que con esta modificación se pretende establecer con mayor claridad la protección a las personas adultas mayores, con discapacidad o vulnerables para que no sean abandonadas o descuidadas, incluso en su propia casa.


Indica que según datos del INEGI el 77.6 por ciento de los adultos mayores no reciben atención en sus hogares y que incluso cuentan con una mala alimentación, falta de medicamentos, malas condiciones, suciedad, vestimenta inadecuada, entre otros.


Por ello, también se establece que, si el sujeto activo fuera ascendiente, descendiente, tutor o cuidador de la víctima, además de la sanción señalada se le privará de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, así como del derecho a heredar, cuando legalmente corresponda.


Con la aprobación de estas reformas se reconocen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores, con la finalidad de que no sean abandonados o descuidadas en su persona.