Por: Federico Berrueto

Por muchas razones a casi todos ocupa y preocupa el primer domingo de junio 2024, día en el que habrá de renovarse el Congreso federal, y elegirse presidente de la República, nueve mandatarios locales, casi todos los presidentes municipales del país y buena parte de los Congresos locales. La agenda electoral está cargada por la concurrencia de elecciones.

México será un país diferente en varios sentidos. El gobierno no lo transformó en lo propuesto o deseado, pero será muy distinto. No hay revolución de las conciencias, pero sí un amplio sector de la población con la idea de un gobierno cuya tarea es entregar dinero a cambio de nada, la devastación institucional, la militarización, el accidentado avance del estatismo, el sometimiento de los factores de influencia al poder presidencial, el uso selectivo de la justicia penal, el avance y penetración del crimen organizado, el cinismo público, el desdén a la ley, las obras inconclusas, el deterioro del prestigio del país en el mundo y ante los socios comerciales, el empleo del territorio nacional y de sus policías a la medida de las necesidades del vecino para contener la migración, más la crisis en las finanzas públicas y etcétera, etcétera.

Como tal, la preocupación central no debiera ser la elección, sino más bien el 1º de octubre, cuando inicie una nueva gestión presidencial. Gane quien gane será campo minado. En todos los frentes hay dificultades graves que superan la capacidad del gobierno para resolverlas o siquiera administrarlas. Desde ahora se perfila, especialmente si hubiera una situación de un gobierno sin mayoría legislativa, la convocatoria incluyente a un gobierno de salvación nacional. Esto es, dar término formal a la polarización y convocar a todos y a la misma pluralidad política desde la jefatura de Estado a hacer frente a los graves problemas y anhelos en puerta.

Un primer reto político, especialmente si gana Morena, es qué hacer con López Obrador. Es previsible, a pesar de las malas cuentas, que continuará con mucha influencia y poder. No importa cómo se ve él mismo, más relevante es cómo lo ven los demás y eso, sin duda será un tema no menor, incluso aunque la oposición prevaleciera en la elección. El poder no se comparte y hace complicada e inevitable la solución.

El segundo asunto tiene que ver con la seguridad pública. La situación es insostenible. El abandono de las policías civiles, especialmente las estatales y municipales está cobrando elevada factura. Una policía nacional militarizada no es respuesta suficiente. Es urgente una iniciativa en la que concurran los gobiernos, los poderes de la Unión, la sociedad civil y la colaboración internacional para hacer frente al problema de manera inmediata y con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

El tercer aspecto y es un tema transversal, es decir, recorre a todo el cuerpo nacional: la urgencia de abatir la impunidad. No se ha hecho valer el Estado de Derecho en todos los intentos de transformación institucional. Por allí se ha mencionado la necesidad de un ministerio de justicia, seguramente procedente, pero el tema de la impunidad va mucho más allá, tiene que pensarse con un sentido práctico, realista y con participación de la sociedad.

Otro tema de inevitable atención inmediata se refiere a la crisis de las finanzas públicas. En este gobierno no sólo se pospuso la urgente reforma hacendaria que fortaleciera los ingresos públicos en un esquema de justicia y de inclusión; se dispuso de lo ajeno, se incrementó la deuda, se dejó de invertir en infraestructura, además del déficit por la devastación institucional. El gobierno financieramente pesará mucho más, el costo por el sistema de pensiones, el trasladar al IMSS la política de Salud, más el déficit operativo histórico de PEMEX y CFE, que se incrementan con la incorporación de los subsidios sustantivos a las nuevas líneas de negocio que el presidente ha dejado en manos de los militares y que desde ahora se anticipan un mayúsculo desastre financiero, como muestra ya emblemáticamente el aeropuerto Felipe Ángeles.

Falta considerar al campo mexicano, la pobreza que aumenta -y todavía más la extrema- y el colapso de los sistemas de salud y educativo. Necesario pensar el 1º de octubre de 2024.