Vicky Barrios
Iguala, Gro., Guerrero cuenta con dos alertas de violencia de género contra las mujeres: una por violencia feminicida, emitida en 2017, y otra por agravio comparado, en la que se incluyeron nueve municipios, entre ellos Iguala.
La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es que los gobiernos federal, estatal y municipal implementen acciones específicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, explicó María Reyes Reyes, ponente y representante de la secretaria general de Gobierno del Estado, Anacleta López Vega.
Durante la presentación de los resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad en el Transporte Público, se informó que Iguala se encuentra entre los nueve municipios encuestados y que el 60 por ciento de las mujeres consultadas manifestó sentirse segura al utilizar este servicio, mientras que entre el 30 y 40 por ciento expresó sentirse insegura.
Estos resultados contrastan con los registrados en otros municipios, donde la percepción de inseguridad entre las mujeres prevalece en mayor medida.
Asimismo, la encuesta reveló que ocho de cada 10 mujeres están dispuestas a denunciar situaciones de acoso o violencia en el transporte público, lo que, de acuerdo con las autoridades, contribuiría a sancionar estas conductas y avanzar en su erradicación.
Entre las principales solicitudes planteadas por las usuarias se encuentra la implementación de rondines de vigilancia en las paradas del transporte público, principalmente durante la noche, con el propósito de brindarles mayor seguridad.
Por su parte, el delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en la zona Norte, Salvador Figueroa Vázquez, señaló que esta dependencia coadyuva en las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de las mujeres y permanece atenta a las denuncias que se presentan.
Informó que en Iguala únicamente se han recibido dos denuncias relacionadas con conductas de los operadores del transporte público. En ambos casos, los choferes fueron sancionados y se les revocó el gafete que los acredita para prestar el servicio público, por lo que ya no pueden desempeñarse como conductores, independientemente de que las denunciantes decidieran proceder legalmente.