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Ciudad de México. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso para encontrar la verdad sobre Ayotzinapa. Esto a partir de que una jueza y tres integrantes del tribunal colegiado modificaran las medidas cautelares de ocho militares vinculados a este caso.

En un comunicado, la dependencia dijo coincidir y suscribir la postura de la Fiscalía General de la República respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que estos elementos de las fuerzas armadas llevarán su proceso en libertad.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.

“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”.

Recordó que “fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel”.

“También intentaron dejar en libertad al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México”.

La Secretaría a cargo de Luisa María Alcalde señaló que ahora, “sin ningún fundamento legal”, la juez y los colegiados ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa “con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Acusó que con estas decisiones “el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

La dependencia federal reiteró que para el Gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado por lo que pedirán a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.