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Ciudad de México. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, decretó la formal prisión en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.


Los militares que serán juzgados por su posible vinculación al delito de desaparición forzadas son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.


Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que declarara “Juan” testigo protegido y líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que los militares “No auxiliaron a los estudiantes” para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.


Se utilizó como parte de los argumentos que los militares que acudieron a la Clínica Cristina, donde se llevó a algunos de los normalistas heridos, trataron mal a los estudiantes que ahí se encontraban, cabe señalar que ninguno de esos alumnos de la Normal Isidro Burgos resultó desaparecido.


A pregunta expresa sobre si sabía qué militares colaboraban con Guerreros Unidos, “Juan” afirmó que todos los que salieron del cuartel de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por el grupo criminal, que posteriormente los despareció.


Los ocho soldados, que fueron detenidos la semana pasada, permanecerán en la prisión del Campo Militar No. 1, luego de comparecer por videoconferencia a la audiencia de la jueza Duarte Cedillo.


AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA 8 MILITARES CARECE DE SUSTENTO: ABOGADOS
El auto de formal prisión dictado este lunes en contra de ocho integrantes del Ejército Mexicano por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, carece de sustento legal, afirmaron sus abogados, Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández.


«Carece de cualquier sustento legal, en virtud de haber sido dictado a modo, más con tintes políticos que legales, dejando clara evidencia que dicho juzgado se encuentra contaminado y trabajando para intereses particulares”, afirmaron los litigantes, en una carta dirigida “A la Opinión Pública”.


El auto de formal prisión fue resuelto por la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México.


«A los 8 miembros del Ejército Mexicano, que indebidamente y sin prueba alguna, se les dictó auto de formal prisión, en ningún momento les fue aclarado por parte de la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, en qué consistían las acusaciones en su contra, tampoco les fueron aclaradas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y ocasión, en las que supuestamente participaron en la desaparición de 43 estudiantes, y todo esto a pesar de así haberlo solicitado cada uno de los procesados en varias ocasiones a la Jueza en comento, durante el desarrollo de la audiencia preparatoria que tuvo verificativo el día 21 de junio de 2023”, indicaron los abogados.


Robledo Carretero y González Hernández indicaron que se analiza su con su resolución, la juez Duarte Cedillo está incurriendo en alguna responsabilidad, para proceder en su contra.


«Del estudio del referido auto de formal prisión, esta defensa está evaluando si se incurrió en la comisión de algún delito en contra de la debida administración de justicia, por parte de la Jueza Duarte Cedillo. De ser así, se presentarán los recursos, así como denuncias correspondientes en el ámbito nacional e internacional”, afirmaron.

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