A horas de que se conmemoren ocho años de la desaparición de los 43, el caso volvió a dar un vuelco.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por Excélsior revelaron que funcionarios de la propia Comisión de la verdad son investigados por filtrar partes confidenciales del informe sobre los normalistas, lo cual constituye un delito.
Los párrafos tachados del documento, cuya versión pública fue presentada el pasado 18 de agosto, indican que la mayoría de los estudiantes fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, de acuerdo con información publicada ayer por el diario Reforma.
Además, se da a conocer la supuesta participación del 27 Batallón de Infantería, pues días después de la desaparición de los 43, militares y autoridades de los tres niveles de gobierno habrían llevado ahí los cuerpos, tras desenterrarlos de fosas clandestinas en Iguala.
Luego de difundirse esta información, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la verdad, lamentó y condenó la “grave filtración”. A través de Twitter, pidió a la FGR investigarla.
Sin embargo, ayer la FGR empezó a indagar a personal de la Comisión, su entorno y relaciones, mucho antes de la solicitud del funcionario federal.
FGR apunta a Comisión de la verdad por filtrar informe
Cuando el subsecretario autentificó el informe del caso Ayotzinapa, la FGR ya había avanzado en sus indagatorias en el entorno del propio funcionario.
Las primeras investigaciones sobre la filtración de un informe de la Comisión para la Verdad y Accesos a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJCA) publicada por Reforma y autentificada por el subsecretario Alejandro Encinas, apuntan hacia el personal de la misma Comisión de la verdad.
De acuerdo con el artículo 225 (Delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos) inciso XXVIII del del Código Penal Federal, el funcionario público que dé “a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales…” se hará acreedor a una “pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa”.