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Chilpancingo, Gro., Familiares y representantes legales de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, tras la emisión de la recomendación en la que el organismo descarta la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas y desacredita las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras entidades.
La nueva recomendación de la CNDH también deja sin efecto seis recomendaciones previas emitidas por la propia institución, en las que se reconocía la participación de elementos del Ejército en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, Felipe de la Cruz, vocero de un grupo de familiares de los normalistas, consideró que Rosario Piedra Ibarra traicionó a las víctimas y aseguró que ya no tiene condiciones para permanecer al frente del organismo.
«Yo lo que recomendaría es que dejara la función por su incapacidad de ver realmente y saber qué función tiene que desempeñar ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque cómo puede decir algo de las víctimas como cuando se ha caminado, se ha llorado, se han muerto los compañeros en la lucha y que hable de esa manera haciéndonos todo como que si fuéramos los malos», expresó en entrevista.
Alejandro Martínez Martínez, primer director especial del caso Ayotzinapa dentro de la CNDH, afirmó que el documento carece del rigor técnico y jurídico que debe tener una recomendación de derechos humanos. A su juicio, Rosario Piedra Ibarra y el director general de la CNDH, Francisco Estrada Correa, utilizaron conceptos ajenos al derecho internacional para respaldar una postura política.
«No hay una investigación seria, no hay récord técnico, incluso en la redacción de esta recomendación. Este término que se inventa entre Rosario Piedra y Francisco Estrada de ‘anti-verdad’ no viene en ningún estándar internacional, ni en la Constitución; no es parte del lenguaje de derechos humanos. Es algo que ellos se sacan de la manga y, si esa es una de sus hipótesis principales, pues más bien tiene objetivos políticos. La CNDH no tiene autonomía», sostuvo.
El abogado también acusó que la comisión omitió informar previamente a las familias sobre el contenido de la recomendación, un procedimiento que consideró indispensable tratándose de víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
«Ese respeto, al menos antes de emitir una recomendación, de avisar, de notificar, por supuesto que desde ahí hay una revictimización y eso conduce a más diferencias y polarización entre las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos», señaló.
Las críticas contrastan con los hallazgos documentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), el GIEI y los documentos militares filtrados por el grupo Guacamaya, que revelaron que el Ejército había infiltrado desde 2010 a soldados en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos.
Uno de ellos era Julio César López Patolzin, identificado por la propia COVAJ como integrante del Ejército, además de que 17 militares fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el caso.
Felipe de la Cruz reprochó que la nueva recomendación descalifique incluso el trabajo realizado por Alejandro Encinas al frente de la COVAJ y, en cambio, otorgue credibilidad a declaraciones de personas procesadas.
«Habla de Alejandro Encinas, de la COVAJ, que en su informe no hay nada que ella pueda corroborar y, en cambio, sí le da credibilidad a uno de los delincuentes detenidos, creyendo todo lo que él manifiesta y haciéndolo verdad en esa recomendación. Consideramos que es parte de esa traición, principalmente a las víctimas, a las madres y padres de familia de los 43», afirmó.
La recomendación 208VG/2026 también cuestiona el trabajo del Centro Prodh, el Centro Tlachinollan, Serapaz, Fundar y del propio GIEI, a quienes acusa de promover “versiones fantasiosas” para desprestigiar al Ejército y favorecer la intervención extranjera. El documento sostiene que esa narrativa «es fantasiosa, y una afrenta para las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, pues les hace abrigar esperanzas o, en el mejor de los casos, alimentar su encono hacia el Ejército».
Para Alejandro Martínez ese posicionamiento confirma que la CNDH dejó de actuar como un organismo autónomo de protección a las víctimas y asumió una postura de respaldo al gobierno.
«Para mí son justificaciones o argucias retóricas que traen otro propósito político detrás, que es apoyar acríticamente al gobierno de México. Evidentemente deja muy claro que no existe esa autonomía respecto del Poder Ejecutivo y trata de disfrazar con un discurso aparentemente antiimperialista o soberanista su apoyo al gobierno», acusó.