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Estados Unidos. Los fabricantes de armas estadunidenses planean pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su intento de escapar de la demanda de México por 10 mil millones de dólares que busca responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas a los cárteles a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

La apelación prevista fue revelada durante una audiencia judicial virtual el viernes por un abogado de Smith & Wesson Brands después de que el mes pasado el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anulara la decisión de un juez que desestimaba el caso.

México alega en la demanda, presentada en 2021, que las empresas socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que armarían a los cárteles de la droga, alimentando asesinatos, extorsiones y secuestros en el país.

México dice que anualmente se trafican más de 500 mil armas desde Estados Unidos hacia México, de las cuales más del 68% son fabricadas por las ocho empresas que demandó, entre las que también se incluye a Sturm, Ruger & Co; Beretta, Barrett, Colt’s y Glock.

México dijo que el contrabando ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica y a la necesidad de gastar más en aplicación de la ley y seguridad pública. Las empresas niegan haber actuado mal.

Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, dijo en la audiencia del viernes que había una «posibilidad razonablemente buena» de que la Corte Suprema aceptara escuchar su apelación, y pidió al juez de distrito estadunidense Dennis Saylor que pusiera el caso en suspenso hasta que los jueces actúen sobre la decisión. petición.

Dijo que la apelación se centraría en si los reclamos de México están prohibidos por una ley federal, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que brinda a los fabricantes de armas una amplia protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.

«Este caso involucra un estatuto que está diseñado específicamente para permitir que este grupo específico de acusados ​​evite los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto», dijo. «Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión».