Por: Boletín
Chilpancingo, Gro., Febrero 2.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que se establezcan medidas contra el acoso sexual de estudiantes en todas las escuelas públicas y privadas del estado y se investigue el uso correcto de los recursos públicos destinados para el efecto.
La diputada promovente Leticia Castro Ortiz (Morena) expuso que en las instituciones educativas del sector público, particularmente, se realizan actos como bullying y acoso sexual que afectan a los alumnos, y que deberían ser fuertemente castigados.
Afirmó, además, que existe una enorme inconformidad por parte de los padres de familia, ya que en la mayoría de escuelas públicas se les exigen cuotas de inscripción al inicio de cada ciclo escolar, lo que afecta seriamente la economía familiar, de por sí mermada por la adquisición de útiles escolares.
Refirió que recientemente un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria Número 4 del municipio de Acapulco, solicitó su intervención ante la problemática escolar, pues existe opacidad en el manejo de los recursos y, lo que es peor, los directivos permiten que los alumnos sean agredidos psicológica y sexualmente.
“Estas denuncias deben de investigarse; no podemos consentir a agresores sexuales, ya que los niños, niñas y jóvenes son parte fundamental de la sociedad y merecen un ambiente escolar que les permita el libre desarrollo de su personalidad. Los docentes no deben aprovechar su posición para hostigar física, escolar o sexualmente. Esto se debe investigar y, en caso de existir responsabilidad, se deben ejercer las acciones correspondientes”, enfatizó.
Castro Ortiz propuso exhortar al secretario de Educación en Guerrero para que instruya al personal competente que investigue las irregularidades denunciadas en la Escuela Secundaria número 4, como el cobro de cuotas de inscripción, presunto mal manejo de recursos y acoso sexual contra los estudiantes.
También se exhortó a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para que investigue la presunta violación de derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado ante posibles ilícitos en dicho plantel educativo.