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Ciudad de México. En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos, México ha promulgado hace poco más de un mes la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, una iniciativa reconocida por la ONU.
Esta ley histórica busca garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como se establece en el Artículo 4° de la Constitución Mexicana.
Según el Coneval, aproximadamente el 40% de la población en México carece de los recursos necesarios para una alimentación adecuada. La situación se agrava con el aumento del 12% en el costo de la canasta básica alimentaria.
México desperdicia más de 13 millones de toneladas de comida al año. El Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sitúa al país como el segundo en América Latina que más alimentos desperdicia.
Este contraste alarmante subraya la urgente necesidad de medidas legislativas para abordar la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos.
Qué es la Ley General de Alimentación
La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, compuesta por 111 artículos, tiene como objetivo principal establecer el acceso a una alimentación nutritiva, de calidad y suficiente, y evitar el desperdicio de alimentos.
La ley prioriza el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés superior de la niñez en todas las políticas relacionadas con la alimentación.
Además, establece mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las autoridades federales, estatales, municipales y territoriales para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
Un aspecto crucial de esta legislación es su enfoque en la reducción del desperdicio de alimentos. El Capítulo III establece que los gobiernos estatales deberán promover políticas y acciones para reducir el desperdicio de alimentos, así como programas para mejorar la infraestructura de almacenamiento y transporte.
La aprobación de esta legislación fue unánime, con 420 votos a favor, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de abril de 2024. La ONU ha reconocido esta ley por ser la primera que regula el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, conforme a la Constitución Mexicana.