Netza Albarrán
Chilpancingo, Gro. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se ha sumado junto con otros gobernadores del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a una solicitud dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa.

La mandataria expresó su postura en un mensaje publicado en Facebook, donde destacó que esta medida es fundamental para garantizar la seguridad y seguir fortaleciendo la lucha contra la impunidad en México.

La carta, firmada por Salgado y sus homólogos, está dirigida a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández. En el documento, los gobernadores advierten sobre la necesidad de mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional la Prisión Preventiva Oficiosa.

En palabras de los gobernadores, mantener esta medida es crucial «para evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos contra sujetos que han cometido delitos de alto impacto».

En el texto, se hace hincapié en el colapso que podría generar en los tribunales federales la necesidad de analizar cada solicitud de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Los mandatarios subrayaron que esta figura responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal, proteger a las víctimas, evitar la impunidad y lograr la reparación de los daños causados por los delitos.

La carta concluye con un llamado respetuoso a la SCJN para considerar estas argumentaciones, ya que la decisión sobre la Prisión Preventiva Oficiosa impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, así como en las entidades federativas. Los gobernadores aseguran tener la valoración necesaria para emitir una opinión fundamentada sobre las posibles consecuencias negativas de eliminar esta medida en la seguridad pública de los ciudadanos.