Rogelio Agustín
Chilpancingo, Gro. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sostuvo que en 2014 dicha organización solicitó la autorización para intervenir con su policía ciudadana en Iguala, lo que habría permitido recuperar con vida por lo menos a 18 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sin embargo, la federación y varias organizaciones sociales lo impidieron.


Plácido Valerio, recuerda que de los 43 estudiantes desaparecidos por supuestos integrantes de Guerreros Unidos (GU), ocho eran nativos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa, donde el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SS y JC) tuvo sus principales bastiones en enero de 2013, cuando inició el despliegue en contra del crimen organizado.


Hubo una caravana de integrantes de la UPOEG, de los que se puso al frente Miguel Angel Jiménez Blanco, quien fuera asesinado en agosto de 2015 en la comunidad de Xaltianguis, donde radicaba.


Sin embargo, recuerda que Jiménez Blanco se encargó de mantener primero el campamento en la plaza central de Iguala, desde donde se llamó a los habitantes de dicha ciudad para que aportaran toda la información que tuvieran sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre.


Después comenzaron las caravanas hacia las colonias populares, consideradas de alto riesgo por la presencia de células de GU, que de inmediato activaron a grupos de halcones para hostigar a los integrantes de la Unión de Pueblos y los ciudadanos que comenzaban a perder el miedo.


Es así como se dieron las primeras búsquedas en los cerros, la localización de casas de seguridad y la ubicación de cadáveres en fosas clandestinas.


Ese esfuerzo daría vida posteriormente al colectivo “Los Otros Desaparecidos”, que actualmente encabeza Mario Vergara Hernández, habitante del municipio de Huitzuco de los Figueroa.


Con todos los elementos que se habían reunido, Plácido Valerio señaló que la UPOEG se encontraba lista para presentar un “contrainforme”, el cual era muy distinto a lo que en su momento dio a conocer el Gobierno de la República.


“Lo que pedíamos era una salida fuera del país, por el riesgo que representaba lo que daríamos a conocer, pero nos lo negaron porque otras organizaciones nos acusaban de ser paramilitares, mientras que al gobierno no le convenía lo que nosotros diríamos”, anotó.


La información generada durante la estancia en la plaza, los recorridos en las colonias y la búsqueda de fosas, dijo que la tenía concentrada Miguel Angel Jiménez, quien fue asesinado en agosto de 2015, cuando manejaba un taxi en la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco.


“A él le pedimos que se encargara de todos los datos relacionados con la búsqueda de los 43”, indicó.
A manera de reproche, Bruno Placido señala: “Si todas esas manifestaciones que andaban en las calles (encabezadas por la Normal Rural de Ayotzinapa) hubieran acudido a Iguala, hubiéramos rescatado a unos 18 jóvenes vivos, de los 43 que todavía están desaparecidos, pero es más fácil gritar que ir a buscar”.


Aunque no estuvo al frente de los trabajos en Iguala, dijo que de cualquier manera, integrantes de Guerreros Unidos (GU) lo contactaron para amenazarlo.


“Le mandé el número a Gobernación, pero no supe que hicieron con él”, destacó.


“En su momento, nosotros hablamos con los compañeros, queríamos ir armados a Iguala para enfrentarnos con ellos (GU), porque nosotros tenemos carácter para resolver cosas, no andamos con titubeos cuando hay que tomar decisiones fuertes”, señala el dirigente de la UPOEG.


Sin embargo, en Iguala ya estaba posicionada la entonces Gendarmería Nacional, corporación federal creada durante la administración de Enrique Peña Nieto, por eso es que no se permitió que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos irrumpiera en la cuna de la bandera.

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