Fernando Polanco Ochoa

Chilpancingo, Gro. El exdirector del Colegio de Bachilleres, el priista Fermín Alvarado Arroyo, dejó presuntas irregularidades financieras por mil 300 millones de pesos, entre las que se encuentran el no pago de impuestos y prestaciones sociales y la autorización de bases irregulares a 140 trabajadores, de los cuales, 15 tienen parentesco con él, así como a 7 familiares directos.

“Vendrá una inhabilitación para el licenciado Fermín Alvarado y daremos parte a la Fiscalía General del Estado”, afirmó este jueves el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova.

En un mensaje transmitido en vivo en la página oficial de Facebook de la dependencia, informó que las presuntas irregularidades detectadas derivan de una serie de auditorías aplicadas a los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021 del Organismo Público Descentralizado (OPD) Colegio de Bachilleres.

Cabe precisar que el director general del Cobach del 2018 al 2021, fue el priista Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, durante la administración del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

La auditoría, explicó Loría Casanova, arrojó 17 observaciones de presuntas irregularidades por un monto de mil 300 millones de pesos.

Precisó que el exfuncionario estatal no pagó impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, además de que asignó 140 plazas no autorizadas por 120 millones de pesos.

Otorgó también “bases y recategorizaciones no autorizadas e improcedentes por 108 millones, dentro de las cuales hubo 87 basificaciones y hemos encontrado a la fecha 15 personas con parentesco, de las cuales 7 son familiares directos del exdirector”.

Alvarado Arroyo, agregó el secretario de la Contraloría, realizó “pagos indebidos a empresas por 20 millones de pesos”.

“La lucha de combate a la corrupción es un ejercicio permanente y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha ordenado cero tolerancia”, aseguró el funcionario.

Entrevistado en la residencia oficial Casa Guerrero al concluir un evento encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario informó que el daño patrimonial causado por Alvarado Arroyo es grave porque no se apegó el procedimiento legal en la asignación de plazas y recategorizaciones, además de que el presupuesto anual del Colegio de Bachilleres era inviable para soportar esa carga financiera.

Explicó que la observación de las basificaciones no fue subsanada por el exdirector general y que, en consecuencia, iniciaron ya el proceso de inhabilitación y en breve notificarán a la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación por el uso indebido de recursos financieros.

“Una de las observaciones que pesa mucho es la de impuestos retenidos no enterados. Precisamente, esto viene derivado de una situación financiera del Colegio de Bachilleres precaria y el dar más plazas sin tener presupuesto abona de manera negativa a la situación financiera”, precisó.

Informó que derivado del proceso de entrega-recepción de la administración estatal suman 99 solicitudes de aclaración, derivado de 36 auditoras aplicadas, mismas que siguen su curso natural.

Comparte en:

Versión impresa