Por: Boletín

Chilpancingo, Guerrero, Junio 30.- El Pleno de la 63 Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política local para garantizar la protección del menor sobre cualquier uso y costumbre, obligando al Estado y la sociedad a velar por su desarrollo personal integral y a la adopción de medidas que su condición como persona exijan.

Al fundamentar el dictamen derivado de una iniciativa de la diputada Susana Paola Juárez Gómez (PRD), el diputado Jacinto González Varona externó que después del respectivo análisis, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos concluyó aprobarlo por no ser violatorio de derechos humanos ni contraponerse con los ordenamientos legales en la materia.

Especificó que la Convención Sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben brindar garantías a este sector y procurar su derecho de expresar opiniones libres en todos los asuntos que les afecten; mientras que el artículo 19 de la citada Convención, establece que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño de todo tipo de violencia, malos tratos, explotación, abuso sexual, entre otros, mientras se encuentren bajo la custodia de los padres o de algún representante legal a su cargo.

También obliga a los Estados a que donde existan minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o personas de origen indígena, se garantice al infante el tener su propia vida cultural, así como profesar y practicar su propia religión o idioma.

Respecto de la iniciativa, refirió aspectos básicos a considerar para el reconocimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, previendo que estos derechos no sean inferiores a los denominados “usos y costumbres”.

En ese sentido, refirió que algunos pueblos originarios de nuestro estado se realizan malas prácticas que menoscaban los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y donde las ciudadanas y ciudadanos se cubren bajo la tutela de emplear los denominados usos y costumbres que la Carta Magna les reconoce, sin que las autoridades intervengan.

Apuntó por último que el consentimiento de quien deba unirse en matrimonio, siendo menor de edad, debe estar regulado por la autoridad y no puede dejarse a simple arbitrio de una comunidad o grupo de personas en particular.

El dictamen fue aprobado por unanimidad del Pleno de la 63 Legislatura en una primera sesión extraordinaria de este miércoles.