Por: Boletín

Chilpancingo, Guerrero, Julio 4.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer en 0.2 el porcentaje requerido de la lista nominal de electores vigente en Guerrero para que las y los ciudadanos puedan presentar leyes o decretos, a través de la iniciativa popular.

Al fundamentar los dictámenes, derivados de las iniciativas de la diputada Jéssica Ivette Alejo Rayo, las diputadas Leticia Castro Ortiz y Julieta Fernández Márquez, en su calidad de presidentas de las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Participación Ciudadana, respectivamente, externaron que las y los integrantes de estos órganos legislativos realizaron los análisis correspondientes a las iniciativas de reforma presentadas por la legisladora Jessica Alejo Rayo y determinaron aprobarlas porque lo que se pretende es garantizar el derecho ciudadano y no son violatorias de derechos humanos, ni se encuentran en contraposición con ningún ordenamiento legal.

La iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa; se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, que consiste en que los ciudadanos del estado puedan presentar iniciativas de Ley sin ser representantes populares en el Congreso. Dichas propuestas de Ley deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que se puedan tomar en cuenta ante el Congreso del Estado y pueden tratar asuntos públicos, una reforma de un estatuto o una ley, e incluso una enmienda constitucional.

Las legisladoras consideran que el porcentaje de 0.2 por ciento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral se considera elevado y constituye un obstáculo para incentivar la participación ciudadana en los procesos legislativos. Por ello, se considera necesario reducirlo a una cifra más accesible, en este caso sobre la lista nominal de electores, que permita a todos los ciudadanos verdaderamente interesados en impulsar cualquier proyecto de ley o decreto, lograrlo sin mayor obstáculo jurídico.

Agregaron que la participación ciudadana es un ejercicio democrático activo, propositivo y crítico que da la posibilidad a los grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados o cuyas demandas no han sido atendidas y es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para atender y dar seguimiento a las propuestas ciudadanas para construir una posible solución a las problemáticas que afectan la entidad.

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