Segalmex, botín de impunidad

Por: Moisés Sánchez Limón

O lo que es lo mismo: la historia de un robo multimillonario tejida bajo el amparo de la 4T entre Ignacio Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño.

Son los amigotes protegidos del licenciado presidente; sólo así se entiende que no hayan sido requeridos –como sí ha ocurrido a cuentagotas con funcionarios menores– para enfrentar cargos por el robo que supera, con creces, a la llamada “estafa maestra”, es decir, ponderadamente más de 18 mil millones de pesos.

Porque usted debe saber que, el asalto en despoblado al organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que no es otra cosa que la empresa estatal conocida como Seguridad Alimentaria Mexicana (a) Segalmex inició sin pudor alguno desde antes de formalizar su nacimiento, a partir de la compleja fusión de Liconsa y Diconsa, en julio de 2018, es decir, apenas conocido el triunfo electoral del licenciado López Obrador en las urnas.

¿Cuál era la prisa? ¿Cuál?

El plan estaba hecho y el licenciado Ignacio Ovalle Fernández ya había sido designado director de la empresa que se crearía mediante aquella fusión, sobre los restos de lo que fuera la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (a) Conasupo que nació a partir de lo que en 1950 surgió como Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A (a) CEIMSA, cuyo objetivo era elaborar, distribuir y vender leche importada de buena calidad, principalmente a la población en zonas populares.

El objetivo era loable y nunca se imaginó que, aquella idea que tuvo el gobierno del último militar presidente de México, el general poblano Manuel Ávila Camacho, cuando inició, en 1944, el Programa de Abasto Social de Leche con la lechería estatal conocida como NADyRSA, o sea: Nacional Distribuidora y Reguladora S.A de C.V., que un año después tuvo respaldo empresarial con la compañía Lechería Nacional, S.A de C.V.

El tema era la leche como puntal de apoyo del gobierno federal para atender necesidades nutricionales y alimentarias de los mexicanos de menores recursos. O sea, era una tarea sin mácula y con respaldo popular. ¡Faltaba más”.

Por eso, cuando el abanico se amplió y fue creada la Conasupo con la oferta de artículos de primera necesidad, incluso zapatería y uniformes escolares, hasta el aplauso del respetable se escuchó en todo el país.

Pero nunca faltan los ladrones; nada nuevo en la familia política mexicana de cualquier color. Las mañas son las mañas y la ambición y el refinado gusto por el dinero fácil, más cuando es del erario y destinado a causas sociales.

En fin.

Peeero.

Hablamos de impunidad bajo el amparo del poder presidencial que dejó correr esta ruta de corrupción denunciada formalmente el 24 de enero de 2019, cuando el gobierno de la 4T había cumplido un mes y 23 días.

Las denuncias de corrupción en Segalmex fueron desdeñadas por el propio licenciado presidente; aunque de pronto por ahí hubo alguna investigación que culminó con el despido de funcionarios menores a quienes incluso se inhabilitó, como si eso fuera suficiente castigo.

Había elementos de sobra que, desde julio de 2018 orientaban hacia la maquinación de robo de recursos, en connivencia con Ignacio Ovalle Fernández, destinados para la compra de leche de productores nacionales y extranjeros.

Pero nadie quiso atender la denuncia original que fue castigada con el despido del denunciante, un alto funcionario cuyo pecado fue la honestidad.

Hoy, es el escándalo que desvía la atención de otros temas de alta prioridad, uno de ellos relacionado con la canasta básica que debiera ser atendida con la máxima atención por Seguridad Alimentaria Mexicana. La inflación y la carestía se comen el súper salario mínimo.

Por ejemplo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ha seguido de cerca el caso Segalmex, informó que fue detenido, junto con cuatro ex funcionarios y tres particulares, Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Seguridad Alimentaria Mexicana.

A Dávila Amerena se le acusa de compra simulada de azúcar, vía Diconsa, por 142 millones de pesos. Se compró y pagó el dulce pero éste nunca apareció.

¿Cuándo ocurrió la transa? En la administración de Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California, quien relevó a Ignacio Ovalle Fernández el lunes 19 de abril de 2022, cuando ya era imposible mantenerlo en el cargo porque las investigaciones de actos de corrupción orientaban hacia él.

El licenciado presidente protegió a su amigo y ex mecenas Ovalle Fernández. Lejos de aplicarle la ley como prometió en campaña y barrer las escaleras de la corrupción de hacia abajo, lo envió a la Secretaría de Gobernación, con el cargo de coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Pero, un mes antes, en la mañanera del lunes 21 de febrero de 2022, evitó pronunciarse contra Ovalle.

“Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

–Pero eso sostiene a Ignacio Valle en el cargo como…–preguntó una reportera.

–Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios. Pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí necesitamos presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex—justificó el licenciado presidente

Poco después, el jueves 18 de agosto de 2022, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública informó, en la mañanera, que hasta esa fecha se habían presentado 38 denuncias por la presunta comisión de delitos por daño patrimonial en Seguridad Alimenticia Mexicana, en perjuicio patrimonial de Diconsa y Liconsa por 9 mil 500 millones de pesos.

¿Y qué cree usted?

¡Apareció el justiciero licenciado López Obrador!

¡Recórcholis, Kalimán!

Y ayer lunes 13 de marzo de 2023, es decir, cuatro años y dos meses después de denunciado el inicio de esta historia de corrupción e impunidad, el licenciado Andrés Manuel dijo que se llegará a fondo en el caso de corrupción en Segalmex.

Incluso ironizó:

“¿Qué decían antes los corruptos? ‘Caiga quien caiga, no me temblara la mano, la ley es la ley’”. Y se puso a salvo: “yo no soy corrupto” dijo y aseguró que el tema no le afectará.

En serio, en serio. No se ría.

Vaya, hasta presumió como un asunto de su administración la denuncia de este robo-desfalco superior, ya, a los 15 mil millones de pesos, oficialmente, además de que hay ocho detenido y se busca a otros.

Pero, vea usted.

No solo es el tema del robo por la compra venta fantasma de leche, es de fertilizantes, de granos mejorados, de azúcar y lo que se acumule. Y la semana pasada un juez federal ordeno aprehender a 22 personas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

He ahí al festón de orgullo para la Seguridad Alimentaria Mexicana.

Hoy, sin duda alguna, Enrique Manuel J. Sada Fernández debe estar satisfecho de haber dado la voz de alerta, cuando el 24 de enero de 2019 presentó la denuncia ante el Auditor Superior de la Federación.

En julio de 2018, Sada Fernández fue invitado por Ignacio Ovalle Fernández a ser director de Liconsa y luego despedido cuando denunció la corrupción que se gestaba en la naciente Segalmex.

El año pasado en este espacio le platiqué de este tema. Prometo retomarlo en la próxima entrega y usted sacará sus conclusiones respecto de este megarobo que fue consentido desde el alto mando del poder público contra una empresa pública supuestamente creada con fines de atención a los pobres, a los más necesitados, a los mexicanos de menores recursos en zonas populares y marginadas en el interior del país.

¿Por qué hasta hoy se atiende el caso? ¿Justicia y gracia para Ignacio Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño?

A Felipe Calderón se acusa de haber soslayado y permitido el libre ejercicio de corrupción de Genaro García Luna; asunto de omisión que implica complicidad.

¿En cuatro años, el licenciado presidente y su secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula no se enteraron de este enorme boquete a las finanzas públicas vía Segalmex en las administraciones de Ovalle y de Cota?

¡Ah!, por cierto, Ignacio Ovalle Fernández fue director de la Conasupo, del Sistema Alimentario Mexicano y del Coplamar que casualmente danzaron al ritmo de la corrupción y el fracaso. Digo.

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