Por: Servicios AINI

Ciudad de México, Marzo 16.- El Senado de la República aprobó diversas reformas para endurecer las penas para el matrimonio forzado, cuyo delito puede ser castigado con penas de hasta 22 años de cárcel y contra el feminicidio que puede ser penado hasta con 115 años de prisión.

Las sanciones contra los feminicidas se incrementarán hasta en un tercio, es decir, hoy se contempla una penalidad mínima de 40 y una máxima de 70 años de prisión, de esta manera se podrán alcanzar los 112 años de prisión, cuando el delito se cometa contra menores de edad, embarazadas, adultas mayores o mujeres con alguna discapacidad.

“De diciembre 2018, cuando llegó este gobierno a enero de 2023, más de 4 mil 100 mujeres han sido asesinadas en México por el hecho de ser mujeres”, acusó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán.

A nivel nacional se homologaron los procedimientos y lineamientos con los que el ministerio público deberá actuar para preservar las evidencias e integrar las carpetas de investigación.

Ello precisando la reparación del daño, así como el delito de encubrimiento que se da tan frecuentemente en este delito de feminicidio porque la misma familia va protegiendo al feminicida porque obviamente se da en situaciones muchas de ellas en privacidad, explicó la senadora Olga Sánchez Cordero.

En el caso del matrimonio forzado infantil, se aprobó castigar hasta con 22 años de cárcel a quien cometa una cohabitación forzada, así como a quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u oferten a menores de edad a unirse en una relación análoga al matrimonio.

En México, 1 de cada 100 niñas entre 12 y 14 años se encuentran casadas o unidas informalmente”. Son casi un millón de menores de edad que fueron obligadas a casarse, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2020 del Inegi.

El senador Jorge Carlos Ramírez, detalló que el 26 por ciento de las mujeres entre 20 y 34 años se casaron o estuvieron unidas antes de los 18 años, es una tragedia social de un impacto enorme en la economía, en la educación, en cualquiera de los ámbitos que los podamos observar, el resultado violencia, abuso, maternidades tempranas, maternidad, dependencia económica, deserción escolar e innumerables daños a la salud.

La reforma al Código Penal Federal establece que la cohabitación forzada de menores de edad se castigará con hasta 15 años de prisión y multa de hasta medio millón de pesos y la pena de cárcel se incrementará siete años, si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena.

Las reformas fueron turnadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.