Por: Servicios AINI
Ciudad de México, Junio 14.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó la actualización de la herramienta “Monitor de Seguridad” correspondiente al mes de abril del 2023, el cual tuvo como resultado que, en lo que va de la administración de la 4T aumentó el 48 por ciento en carpetas de investigación por extorsión.
Por lo que cada hora, al menos una persona es victima de ese delito. La Coparmex urgió a los diputados a dictaminar la Propuesta de Reforma Constitucional al inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, con la finalidad de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General de Extorsión en la que se homologue este delito y las sanciones en todo el territorio nacional.
El presidente de la confederación, José Medina Mora Icaza y el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Jorge Peñúñuri Pantoja, detallaron que la propuesta se presentó el pasado 26 de abril y está a la espera de ser dictaminada.
Los resultados de “Monitor de Seguridad”, con información actualizada al mes de abril de 2023 basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que en los primeros cuatro meses del año se registraron tres mil 473 víctimas de extorsión, una cifra que es 2.4 por ciento menor a la documentada durante el mismo periodo del año anterior; es decir una reducción marginal.
Además, se dio a conocer que en los 53 meses que van de esta administración federal, se han contabilizado más de 41 mil 873 carpetas de investigación por extorsión, lo que implica un incremento del 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
Lo delicado es que este delito tiene una cifra negra de 96.1%, lo que quiere decir que, de cada 100 casos, 96 no son denunciados por lo que prácticamente todos quedan impunes. Y más aún, quiere decir que las víctimas de extorsión son muchas más que las que reflejan las cifras oficiales.
Se informó que en lo que va del año, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 7.96 y las tres entidades con mayores tasas de este delito fueron el Estado de México, Baja California Sur y Colima.
El Estado de México, Veracruz y Guanajuato concentran casi el 60 por ciento de las extorsiones en el país. Los estados con menores tasas para este delito fueron Tlaxcala, Chihuahua y Chiapas.
Por otra parte, en la comparación entre municipios, en la que sólo se consideró a demarcaciones con más de 100 mil habitantes, se encontró que los tres ayuntamientos con mayores tasas de extorsión son Metepec, Toluca y Celaya, y los que muestran mayores aumentos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2022 son Álvaro Obregón, que pasó de 2 a 14 víctimas; Morelia que fue de 5 a 29 y Quintana Roo que pasó de 4 a 15 afectados.
Insistimos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi, la cifra negra en el ámbito de los negocios, durante 2021, fue de 96.1 por ciento y estima que el costo de todos los delitos para las empresas fue de 120.2 millones de pesos, lo equivalente al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
José Medina Mora Icaza sostuvo que el delito de extorsión se debe atender y prevenir para evitar su normalización en la sociedad.
«Debemos hablar del tema, debemos visibilizar este problema y alzar la voz para exigir que este mal se combata desde la raíz y de forma integral”.
Reiteró la disposición de Coparmex para colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en la recuperación de la paz y en la correcta impartición de justicia en México.
En su intervención Jorge Peñuñuri Pantoja se refirió a la iniciativa legislativa que se elaboró de manera coordinada en distintas mesas de trabajo, en las que se contó con la participación del sector empresarial, los legisladores, así como de abogados penalistas y constitucionalistas. Con esta legislación se pretende facultar al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de extorsión y con ello se puedan elevar las penas a los infractores buscando que la sanción mínima sea de 10 a 20 años y dependiendo de las agravantes, suba de 20 a 40 años y la máxima sea de 70 años.