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Moscú, Rusia. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se sumó este viernes al llamado para que los migrantes no se dejen engañar por los traficantes de personas para intentar cruzar a su país de manera ilegal tras el fin del Título 42.
A través de un mensaje, difundido en su cuenta de Twitter, el diplomático destacó que los llamados «coyotes» no tienen escrúpulos para poner en riesgo la vida de las personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen.
“No se dejen engañar. Los coyotes no tienen escrúpulos. No intentan ingresar a EE.UU. de forma irregular. Utilicen las vías legales”, escribió el diplomático.
Miles de migrantes de todo el mundo se han congregado en la frontera con Estados Unidos con la intención de cruzar para conseguir asilo en ese país, ante el fin de la aplicación del Título 42 que durante la pandemia por Covid-19 permitió llevar a los indocumentados a México a esperar una cita ante un juez migratorio.
Después de 2.8 millones de expulsiones de personas migrantes, el Gobierno estadounidense vuelve a la ley de inmigración tal como existía antes de la emergencia sanitaria del Covid-19.
Al hacerlo, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la administración del presidente Joe Biden añade a su vez una nueva limitación al asilo que, con la cooperación de México, promete continuar la práctica ejercida durante la pandemia, de enviar a las personas solicitantes de asilo fuera de los Estados Unidos, poniendo a muchas en peligro.
La organización estadounidense advierte que más que una “ola migratoria”, debe ser de gran preocupación las normas de “prohibición de tránsito de asilo” de dudosa legalidad, a punto de entrar en vigor, que podría poner en peligro a miles de personas que, aunque en suelo estadounidense, verán denegado su derecho legal a buscar protección, pues aún no está claro qué nacionalidades y qué grupos demográficos de personas migrantes serían devueltas a México sin ese derecho.
Asimismo, una crisis cada vez mayor de personas migrantes varadas en las ciudades fronterizas de México, resultado del acuerdo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de aceptar a las personas solicitantes de asilo que el gobierno de Estados Unidos rechaza, a menudo sin concederles una audiencia, además de una crisis humanitaria a través de la ruta migratoria, y esto a medida de que las nuevas nacionalidades intentan atravesar regiones peligrosas como el Tapón del Darién.