EN MÉXICO, EDUCARSE NO DEBERÍA SER UN PRIVILEGIO
Por: Alejandra Salgado Romero
La educación constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. En ella se depositan las posibilidades de desarrollo individual, movilidad social, convivencia pacífica y construcción de ciudadanía. Sin embargo y de forma por demás lastimosa, reconocerla como un derecho humano no significa que esté plenamente garantizada. Entre el mandato constitucional y las condiciones cotidianas de miles de escuelas mexicanas persiste una brecha que interpela a las autoridades, a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.
El Artículo 3.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de impartir y garantizar la educación, bajo los principios de universalidad, inclusión, gratuidad, laicidad y excelencia. La Ley General de Educación complementa este mandato y coloca en el centro el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es una obligación jurídica cuyo cumplimiento debe traducirse en oportunidades reales de acceso, permanencia, aprendizaje y conclusión de los estudios.
De acuerdo con UNICEF México, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que alrededor de 600 mil se encuentran en riesgo de abandonarla. En Guerrero, la problemática adquiere dimensiones particularmente preocupantes. La medición de pobreza correspondiente a 2024 registró rezago educativo en el 28.3% de la población estatal, frente al 18.6% nacional. Guerrero se ubicó entre las entidades con mayor proporción de personas en esta condición y, junto con otros cinco estados, presentó incrementos entre 2018 y 2024. Aunque este indicador no representa exclusivamente a la población infantil, evidencia una deuda educativa acumulada que exige intervenciones sostenidas y territorialmente pertinentes.
La desigualdad educativa no se expresa únicamente en quién logra ingresar a la escuela, sino también en las condiciones en las que aprende. Cuando estas circunstancias no reciben una respuesta institucional suficiente, el lugar de nacimiento termina influyendo injustamente en las oportunidades de desarrollo. A esta realidad se suman las condiciones materiales de los planteles. El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 reconoce que persisten escuelas con infraestructura deteriorada, servicios básicos insuficientes y equipamiento inadecuado, particularmente en zonas rurales y marginadas. Sus datos para el ciclo escolar 2023-2024 indican que el 40.4% de las escuelas públicas de primaria y secundaria tenía conexión a internet; el 49.6% disponía de computadoras para uso educativo y solo el 26.2% contaba con infraestructura adaptada para personas con discapacidad. Asimismo, el 80.5% tenía agua potable y el 95.4 % electricidad.
En las comunidades donde un/a docente atiende varios grados, en las escuelas con grupos numerosos o en los planteles que carecen de especialistas para acompañar a estudiantes con discapacidad, las exigencias pedagógicas se multiplican. La respuesta no consiste en cuestionar el compromiso de quienes enseñan, sino en asegurar que las responsabilidades profesionales se correspondan con recursos humanos, materiales y organizativos suficientes.
Un modelo educativo alcanza su sentido pleno cuando sus principios se materializan en las aulas. La formación integral requiere docentes con oportunidades de actualización, acompañamiento pedagógico, estabilidad en sus condiciones de trabajo y tiempo para la planeación colegiada. También exige instalaciones dignas, materiales pertinentes, recursos tecnológicos funcionales y políticas que atiendan las diferencias entre comunidades. Ninguna propuesta curricular puede compensar, por sí sola, la ausencia de condiciones básicas para aprender.
En este escenario, en el magisterio desempeñamos una función que trasciende la transmisión de contenidos. Valorar nuestra labor significa mucho más que reconocer y agradecer nuestra vocación: demanda garantizar condiciones para ejercer nuestra responsabilidad educativa y social. Las maestras y los maestros contribuimos a formar personas capaces de argumentar, reconocer la dignidad de otras personas, identificar las desigualdades y participar en la vida pública con responsabilidad.
La reflexión de Katarina Tomasevski, primera relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, aporta un criterio esencial: este derecho debe analizarse desde cuatro dimensiones, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. No basta con que exista una escuela; debe contar con recursos suficientes, ser accesible sin discriminación, ofrecer una educación pertinente y de calidad, y responder a las necesidades de cada estudiante y comunidad.
Garantizar estas dimensiones demanda presupuestos equitativos, diagnósticos actualizados, mantenimiento preventivo, atención a las escuelas con mayores carencias, estrategias contra el abandono y mecanismos transparentes de evaluación. También requiere que la participación de las familias y comunidades fortalezca la vida escolar sin sustituir las obligaciones financieras y administrativas del Estado. Sin duda, no existe justicia educativa cuando el código postal determina la calidad de la escuela y las oportunidades de la infancia y adolescencia.
Educar no es únicamente preparar para el empleo. Es ampliar la libertad, fortalecer la autonomía, construir ciudadanía y ofrecer herramientas para comprender y transformar el mundo. Una sociedad que garantiza educación pertinente y de calidad fortalece sus posibilidades de disminuir la pobreza, prevenir las violencias y consolidar relaciones democráticas. Por el contrario, cuando la exclusión educativa se reproduce, también se reproducen las desventajas sociales.
México y Guerrero necesitan convertir el derecho constitucional en una experiencia cotidiana de dignidad. Esto implica que ninguna niña, niño o adolescente vea limitado su futuro por la pobreza, la discapacidad, la distancia, la lengua que habla o las condiciones de la escuela a la que asiste. También implica comprender que las maestras y los maestros somos parte fundamental de cualquier esfuerzo por construir una sociedad más justa. Nuestro compromiso debe corresponderse con condiciones institucionales suficientes. Una escuela sin suficientes recursos no carece de vocación; evidencia una deuda del Estado con quienes tienen derecho a aprender.
La educación es una promesa de dignidad; cada vez que el Estado permite que la desigualdad limite el aprendizaje, esa promesa queda incumplida. En definitiva, el derecho a la educación no se cumple cuando un niño o una niña entra a un aula, sino cuando encuentra en ella las condiciones para aprender, desarrollarse y construir un futuro con dignidad. Esa es la medida ética, jurídica y social con la que debemos valorar nuestras políticas educativas y la actuación de cada una de las autoridades estatales y nacionales.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.